El Gobierno busca con una nueva ley sobre discapacidad retrotraer la norma sancionada y ratificada por el Congreso. Ese es el fondo del proyecto que el Poder Ejecutivo remitió este sábado al Senado bajo el nombre de “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”.
La iniciativa propone una revisión del régimen de pensiones no contributivas por invalidez laboral, modifica la Ley 13.478, introduce cambios en la Ley 24.901 y retoca ejes centrales de la ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, que el presidente Javier Milei había vetado, que fue luego ratificada por ambas Cámaras y que se terminó por reglamentar parcialmente luego de que la justicia intime al Estado.
Tras dos años de discusiones sobre auditorías, irregularidades y sostenibilidad fiscal de los programas de acompañamientos al sector, el oficialismo pretende trasladar otra vez el debate al terreno del gasto público y control administrativo del Estado, poniendo sobre la mesa el universo de beneficiarios, las compatibilidades de pensionados y los márgenes de actualización automática de los haberes.
El tema no es una novedad. El envío del proyecto se monta sobre una secuencia conflictiva que incluyó auditorías masivas con un baremo con terminología ofensiva, denuncias por presuntas coimas en la ANDIS, intervención del organismo, fallos judiciales ordenando restituciones, un largo reclamo de organizaciones del sector por el impacto sobre personas en extrema vulnerabilidad socioecónomica y de denuncias de profesionales por la falta de actualizaciones en el nomenclador que regula las prestaciones.
Ahora, con una ley vigente encima, el Gobierno fundamenta la norma sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero atado a condicionamientos presupuestarios: el cumplimiento progresivo de los derechos económicos y sociales debe realizarse “de manera proporcional a los recursos disponibles”, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de las políticas públicas.
El mensaje plantea argumentos que el propio Ejecutivo había señalado anteriormente sobre el sistema. Sostiene que entre 2003 y 2023 la cantidad de pensiones registró un crecimiento “exponencial” con “una gran cantidad de pensiones otorgadas sin cumplir con requisitos legales”. Y explicita que el objetivo es establecer mecanismos para “prevenir, detectar y sancionar el fraude, resguardando simultáneamente los derechos y garantías de los beneficiarios legítimos”.
El proyecto del oficialismo no sólo endurece las pensiones por invalidez laboral, sino que además intenta reformular artículos de la Emergencia en Discapacidad que no logró desactivar con el veto y que se vio obligado a promulgar tras un ultimátum judicial. Ante este antecedente inmediato, el texto presenta el endurecimiento del régimen de pensiones como una depuración necesaria para su normal desenvolvimiento, bajo la premisa de orden en las cuentas del Estado.
