La Cámara Comercial de la ciudad de Buenos Aires confirmó la condena contra un banco por no haber detectado ni frenado una serie de transferencias fraudulentas que sufrió una jubilada en tan solo 22 minutos. En el sentencia, la entidad financiera deberá, no solo restituir el dinero, sino también indemnizarla.
El caso inició con la denuncia de la damnificada, quien expuso que le sustrajeron $2.430.000 mediante seis transferencias consecutivas realizadas desde su cuenta hacia destinatarios desconocidos. Para los jueces Eduardo Machin, Matilde Ballerini y Alejandra Tevez estas operaciones debieron ser alertadas por el banco.
“El banco debió haber advertido que las seis transferencias que habían sido realizadas en un lapso de 22 minutos no eran operaciones habituales”, sostuvo el fallo, conforme a lo informado por el medio Justicia de Primera.
En esa línea, remarcaron que la entidad incumplió su deber de seguridad al no activar alertas ni verificar la identidad de quien operaba la cuenta: “No existe prueba en el expediente que acredite la activación de dichos protocolos”.
En el escrito se manifestó que la entidad pretendió durante el caso que la víctima probara que no entregó sus claves: “Exigir eso es pedirle que produzca una prueba negativa de imposible producción”.
Otro punto se pesó al momento de la toma de la decisión es el hecho de que la clienta era una persona mayor, lo que la colocaba en una situación de especial vulnerabilidad.
Con la información aportada, los magistrados confirmaron la sentencia contra el banco que deberá restituir el dinero robado y por daño moral se confirmó una indemnización de $2.500.000.
