El Gobierno Nacional oficializó nuevos requisitos para ser las nominaciones a juez o jueza dentro de la Corte Suprema de la Nación. Está iniciativa se registró ayer en el Boletín Oficial mediante el decreto 467/2026.
El Ejecutivo derogó los artículos 3°, 6° y 7° del decreto 222/2003, así como también los artículos 5°, 6° y 7° del decreto 588/2003. De esta forma se eliminaron las instancias de observaciones e impugnaciones de la sociedad civil ante el Poder Ejecutivo.
Asimismo, desde ahora no será requisito que el Ejecutivo contemple criterios de diversidad en cuanto a género, especialidad y procedencia geográfica para proponer los nombres.
Este proceso, previo a la publicación del decreto, constaba con la publicación de antecedentes de los candidatos/as a la Corte Suprema y abrir un período de recepción de consultas y sugerencias. Las universidades, los colegios de abogados y ciudadanos particulares podían expresar sus opiniones.
Respecto a esto en los considerandos expresaron: “Que el artículo 3° del citado Decreto N° 222/03 incorporó criterios adicionales para la valoración de las candidaturas que no se encuentran expresamente previstos en la Constitución Nacional y cuya consideración queda comprendida dentro del ámbito de apreciación que corresponde al Poder Ejecutivo Nacional al ejercer su facultad de nominación de magistrados”.
Otro de los puntos es la publicidad de los procedimientos. Según el gobierno, “corresponde actualizar las disposiciones”, por lo que no circulará por diarios de circulación nacional, y esto no responde “a la dinámica actual de la comunicación y las tecnologías disponibles”.
Tal como se mencionó en los argumentos, este modelo de flexibilización en la selección de magistrados tiene como referencia el esquema de los Estados Unidos. El decreto lleva las firmas del presidente, Javier Milei y del ministerio de justicia, Juan Bautista Mahiques.
