La presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Lorena Pokoik, presentó un proyecto de ley acompañado por legisladores de distintos bloques para derogar el Decreto 687/2026 y restablecer la vigencia de la norma que integraba al Coro Nacional de Niños dentro de la estructura del Coro Nacional.
La iniciativa lleva además las firmas de Germán Martínez, Miguel Ángel Pichetto, Myriam Bregman, Esteban Paulón, Paula Penacca, Lourdes Arrieta, Sergio Palazzo, Hilda Aguirre, Eduardo Valdés, Juan Grabois, Hugo Yasky, Julieta Campo, Fernanda Miño y Gabriela Pedrali.
El proyecto propone derogar el decreto firmado por el Poder Ejecutivo y publicado el 30 de julio de 2026, mediante el cual se modificó el artículo 1° del Decreto 8557/1967. Según los fundamentos de la iniciativa, esa modificación dejó fuera de la norma constitutiva al Coro Nacional de Niños y avanzó en su disolución, manteniendo únicamente al Coro Polifónico Nacional dentro de la órbita de la Secretaría de Cultura.
En los fundamentos, Pokoik sostiene que el Coro Nacional de Niños es una institución artística con décadas de trayectoria dentro de los organismos estables del Estado nacional y que su continuidad fue reconocida a través de sucesivas normas y reorganizaciones administrativas.
La diputada cuestiona además que el Decreto 687/2026 disponga la creación de un programa de formación artística para niños y adolescentes sin definir su estructura, recursos, modalidad de funcionamiento ni un esquema de transición que garantice la continuidad de las actividades que venía desarrollando el coro.
El texto remarca que un programa de formación artística y el Coro Nacional de Niños “responden a naturalezas institucionales diferentes” y sostiene que el Poder Ejecutivo no demostró que la implementación de la nueva política requiera necesariamente la desaparición de una institución cultural ya existente.
Asimismo, la iniciativa invoca las facultades del Congreso establecidas en el artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional para legislar en materia de promoción y protección de la cultura y del patrimonio artístico. En ese marco, plantea que el Poder Legislativo puede adoptar medidas destinadas a preservar instituciones culturales nacionales cuando así lo demande el interés público.
