Un relevamiento sobre la nómina del personal del Estado y datos del Banco Central ubica a militares, policías y penitenciarios entre los trabajadores públicos con mayor nivel de morosidad del país. El deterioro se aceleró en los últimos dos años y ya afecta a más de 43 mil efectivos.
El endeudamiento dentro de las fuerzas armadas y de seguridad argentinas dejó de ser un problema puntual para convertirse en un fenómeno estructural. Según un informe elaborado a partir de la nómina de personal del Estado nacional y de registros del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el 25% de los efectivos con créditos vigentes se encuentra hoy en situación de mora, más del doble del promedio del resto del empleo público nacional, que ronda el 10,8%.
La cifra no es estática: en agosto de 2024 el porcentaje de uniformados morosos apenas superaba el 8%. En menos de dos años, ese número creció más de 17 puntos porcentuales, sin señales de desaceleración. Solo entre abril y mayo de este año, cerca de 1.500 nuevos efectivos ingresaron en situación de atraso, y el total de personal endeudado en mora ya asciende a más de 43.700 personas.
El Ejército, a la cabeza del ranking
Dentro del propio universo de fuerzas armadas y de seguridad, el Ejército Argentino encabeza el índice de morosidad con un 29,3%, seguido por el Servicio Penitenciario Federal (28,1%), la Policía Federal Argentina (23,8%), Gendarmería Nacional (23,6%), la Prefectura Naval Argentina (21,5%), la Fuerza Aérea (21,2%) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (20,6%).
El informe también advierte sobre el tipo de financiamiento al que recurre el personal más joven: siete de cada diez efectivos jóvenes endeudados obtuvieron sus créditos a través de entidades no bancarias, es decir, financieras y prestamistas alternativos que suelen aplicar costos más elevados que el sistema bancario tradicional.
Salarios golpeados y reclamos crecientes
El fenómeno se explica, en buena medida, por el fuerte ajuste salarial que atravesó el sector entre 2023 y 2025, un período en el que la inflación acumulada superó el 300%. Ese deterioro del poder adquisitivo derivó en reclamos internos y hasta en pedidos de baja voluntaria por parte de efectivos que señalan que sus ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos básicos.
Frente al malestar, el Gobierno nacional dispuso este año distintas medidas paliativas, entre ellas una suma fija no remunerativa y adicionales por jerarquía para el personal de las fuerzas federales, aunque los gremios y organizaciones que representan al sector sostienen que estos refuerzos económicos, al no ser remunerativos ni bonificables, no alcanzan a resolver el problema de fondo ni impactan en los haberes jubilatorios futuros.
