La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires resolvió -a través de la Resolución Técnica N °150/23- la obligación de establecer políticas activas y efectivas contra cualquier tipo de discriminación por razones de sexo, raza, religión, nacionalidad, lengua, ideología, opinión, salud, características físicas o cualquier otra condición amparada por las normas constitucionales y tratados internacionales tanto las que se encuentran tramitando el reconocimiento para participar en los próximos comicios como también a las ya reconocidas.
Respecto del establecimiento de la obligación, la Junta Electoral afirmo “que resulta oportuno hacer saber a las asociaciones políticas que serán reconocidas, la importancia del cumplimiento de esta carga, en base a su responsabilidad frente a la sociedad”.
El organismo citado tiene sus atribuciones establecidas por el artículo 63 de la Constitución de la Provincia y por el artículo 5 inc. “a” del Decreto Ley 9889/82 y se encuentra compuesto por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, en su condición de titular del referido cuerpo, Sergio Torres, la vicepresidenta Ana María Bourimborde, y los vocales Gustavo De Santis y Federico Thea.
A los efectos de fundar la resolución, la Junta resaltó “que la dignidad es una cualidad esencial del ser humano, un atributo universal común a todos. Esta cualidad, inherente a todas las personas constituye la idea rectora a partir de la cual se construyeron los sistemas internacionales y regionales de protección de los derechos humanos…”.
Y señala “que en particular, la Constitución de la Provincia en su art. 11 segundo párrafo expresa que ´la Provincia no admite distinciones, discriminaciones ni privilegios por razones de sexo, raza, religión, nacionalidad, lengua, ideología, opinión, enfermedades de riesgo, características físicas o cualquier otra condición amparada por las normas constitucionales´ y que en similares términos se manifestó el Constituyente en la Constitución Nacional (conf. Art. 16)”.
Por último, concluye que “es necesario hacer saber a las asociaciones políticas que conjuntamente con los derechos que adquieren al obtener el reconocimiento, asumen también el compromiso de impulsar acciones efectivas contra todo tipo de discriminación pues la educación en el fomento del respeto a los derechos humanos, de la igualdad, de la no discriminación y de la tolerancia es vital para el sano desarrollo de una sociedad pluralista y democrática”.