La diputada de La Libertad Avanza (LLA) Sandra Rey impulsó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley que busca introducir una serie de modificaciones al Código Contravencional porteño a fin de aumentar las sanciones contra las denuncias falsas y su reiteración al sistema público de emergencias del distrito capitalino.
La iniciativa recientemente presentada plantea la incorporación de una nueva figura para detectar patrones reiterados de utilización indebida del sistema de emergencias. De esta manera, se propone un endurecimiento de las penas para quienes realicen lamadas, denuncias o alertas falsas “sin motivo” a través del 911 u otros canales oficiales, generando así un despliegue innecesario de recursos policiales, sanitarios o de otros organismos.
En este sentido, el texto sostiene que quienes hagan esto podrían recibir una multa de entre 500 y 1.900 unidades fijas -es decir, entre 474.995 y 1.804.981 pesos- o entre 5 y 15 días de trabajos de utilidad pública. Pero si la conducta es reiterada, más de tres llamadas de acuerdo al documento, se plantea una multa de entre 2.000 y 5.000 unidades fijas -equivalente a 1.899.980 y 4.749.950 pesos- , trabajos de utilidad pública de entre 10 y 30 días y arresto de 10 a 30 días.
El proyecto también contempla sanciones para quienes impidan u obstaculicen intencionalmente el funcionamiento de los servicios de emergencia. En esos casos se prevén multas de entre 450 y 2.500 unidades fijas -es decir, entre 427.495 y 2.374.975 pesos- y arresto de entre 2 y 10 días.
La propuesta de Rey también prevé que las penas se incrementen hasta el máximo legal cuando las llamadas tengan como objetivo hostigar, intimidar o perseguir a una persona, cuando sean dirigidas reiteradamente contra un mismo domicilio o cuando sean utilizadas para perjudicar el funcionamiento de un comercio, empresa, institución educativa, organización social o dependencia pública. También se contempla una mayor penalización cuando la denuncia falsa genere el desplazamiento efectivo de policías, ambulancias del SAME, Bomberos u otros organismos de emergencia, así como cuando la conducta provoque una afectación comprobable sobre la capacidad de respuesta del sistema.
