El Gobierno nacional reglamentó la Ley N° 27.801, que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil para adolescentes de entre 14 y 17 años y reemplaza la normativa vigente desde 1980. El decreto 875/26 fue publicado en el Boletín Oficial y establece los mecanismos para poner en marcha el nuevo esquema.
Con la reforma, los adolescentes de 14 años podrán ser judicializados por delitos contemplados en el Código Penal, aunque continuarán bajo un régimen especial que contempla distintas sanciones, medidas alternativas y, en determinados casos, privación de la libertad.
El Ministerio de Justicia será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la coordinación del sistema, la elaboración de normas complementarias y la firma de convenios con provincias, universidades, organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil.
Uno de los principales cambios reglamentados es la figura del supervisor especializado, quien tendrá la responsabilidad de acompañar, asistir y controlar al adolescente durante el proceso judicial. Para ejercer ese rol deberá contar con formación en áreas como educación, pedagogía, psicología, adicciones o trabajo social.
También se creó el Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil. Mientras se realiza la primera convocatoria pública, Justicia elaborará un listado provisorio de profesionales habilitados, que tendrá una vigencia máxima de 180 días.
La reglamentación establece además un Comité Interministerial del Régimen Penal Juvenil, integrado por los ministerios de Justicia, Seguridad Nacional, Capital Humano y Salud. El organismo deberá coordinar políticas de prevención, abordaje y reinserción, además de establecer criterios comunes para la aplicación de las penas alternativas.
A su vez, se creó la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, destinada a articular el trabajo entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. El espacio permitirá intercambiar experiencias, armonizar criterios y promover convenios de cooperación.
El nuevo régimen también contempla derechos específicos para las víctimas, entre ellos asistencia especializada, tutela efectiva y patrocinio jurídico gratuito.
Por otra parte, Justicia deberá implementar capacitaciones permanentes para jueces, fiscales, defensores y demás operadores que intervengan en el sistema. La reglamentación también establece mecanismos de comunicación con el Registro Nacional de Reincidencia, bajo las garantías de reserva previstas por la ley.
