La Justicia bonaerense suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en toda la provincia de Buenos Aires, apenas dos días después de que la Ley 27.801 comenzara a regir. La decisión fue adoptada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora.
La magistrada hizo lugar a un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en favor de adolescentes privados de su libertad. El planteo judicial puso bajo análisis las condiciones existentes en los dispositivos de encierro de la provincia y la posibilidad de que la nueva normativa aumente la cantidad de jóvenes alcanzados por el sistema penal.
La resolución fue firmada ayer y sostiene que la aplicación inmediata de la nueva ley podría generar una afectación grave de derechos fundamentales. Por ese motivo, la jueza consideró necesario evaluar primero si existen las condiciones materiales, institucionales y profesionales para implementar el nuevo régimen.
La Ley 27.801 comenzó a regir el sábado 5 de septiembre, después de cumplirse los 180 días establecidos desde su publicación en el Boletín Oficial. El nuevo régimen establece un sistema penal específico para adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18 años.
Según explicó la jueza, uno de los principales cambios incorpora al sistema penal a adolescentes de 14 y 15 años y modifica las condiciones bajo las cuales pueden quedar sometidos a medidas de privación de la libertad. A criterio de la magistrada, esto podría generar un incremento tanto en los ingresos como en el tiempo de permanencia dentro de los dispositivos.
El fallo plantea así una pregunta central sobre la implementación de la reforma: si el Estado puede ampliar el universo de adolescentes sometidos al sistema de responsabilidad penal sin contar previamente con la infraestructura y los recursos necesarios para garantizar sus derechos.
La resolución advierte que los problemas no se limitan al eventual incremento de adolescentes privados de la libertad. La jueza también puso el foco en las condiciones actuales de los establecimientos bonaerenses y en si están preparados para recibir una mayor cantidad de jóvenes.
El fallo también menciona deficiencias vinculadas con el acceso a la educación, la formación profesional, la incorporación al ámbito laboral y los tiempos de aislamiento. Según la resolución, situaciones similares fueron observadas en otros dispositivos de la provincia y expuestas durante audiencias.
La magistrada sostuvo además que el Poder Judicial no debe esperar a que se concrete una vulneración de derechos cuando existan elementos que permitan anticipar razonablemente que puede producirse. En ese sentido, justificó la suspensión preventiva como una medida destinada a evitar un daño antes de que ocurra.
Otro de los argumentos planteados en la resolución está vinculado con las consecuencias que podrían generar las condiciones de encierro. La jueza advirtió que el hacinamiento y el deterioro de los establecimientos pueden tener efectos posteriores tanto sobre los adolescentes como sobre la comunidad a la que regresen una vez recuperada la libertad.
La audiencia que definirá los próximos pasos
La Justicia fijó una audiencia para el próximo 16 de septiembre a las 10:00 horas, que se realizará en la sala de juicios orales del tribunal de Lomas de Zamora. Allí deberán presentarse funcionarios de las principales áreas del Poder Ejecutivo bonaerense involucradas en la implementación del Régimen Penal Juvenil.
Los representantes de la Provincia deberán explicar qué medidas ya fueron adoptadas, cuáles están previstas y cuáles son los plazos establecidos para concretarlas. La instancia será parte del análisis judicial sobre las condiciones necesarias para poner en funcionamiento el nuevo esquema.
Además, la resolución ordenó al Ministerio de Seguridad bonaerense, al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos provincial adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la suspensión durante los próximos 60 días.
La decisión judicial generó una rápida reacción política. La senadora libertaria, Patricia Bullrich, cuestionó públicamente el fallo y apuntó contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y contra lo que calificó como una Justicia provincial “garantista”.
