Una empleada del Poder Judicial de Río Negro fue exonerada de su cargo luego de una auditoría interna que reveló que acumuló más de 400 días de licencia en solo cuatro años y figura como empleada activa en otros dos organismos públicos.
La trabajadora, identificada como Paula P., fue investigada a partir de mayo de 2024 por orden del coordinador de Recursos Humanos de la Procuración General, Esteban Aliani. La pesquisa constató un patrón de ausencias reiteradas con certificados médicos y licencias extraordinarias entre 2019 y 2023, además de su traslado a Neuquén durante la pandemia, sin dejar de cobrar como empleada judicial rionegrina.
Los oficios enviados a AFIP y ANSES confirmaron que Paula P. trabajaba también en la Municipalidad de San Martín de los Andes y en la Obra Social de Petroleros Privados, lo que constituye una incompatibilidad legal con el cargo judicial. A pesar de haber alegado desconocimiento de la normativa y dificultades personales, los instructores del sumario señalaron que su conducta violó los artículos 8 inciso a) y 9 de la Ley Orgánica 5731 y la Ley de Ética Pública L3550.
El Superior Tribunal de Justicia dictó la exoneración definitiva el 12 de febrero de 2025. Además, ordenó remitir las actuaciones a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para evaluar si corresponde iniciar una causa penal por eventual perjuicio económico al Estado, en relación con los salarios percibidos durante las ausencias injustificadas.
