En una nota remitida al ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, la Comisión Provincial por la Memoria y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos denunciaron que la Policía bonaerense realiza acciones de espionaje e inteligencia ilegal sobre asambleas, encuentros o movilizaciones de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos.
Los organismos señalaron su “preocupación por la continuidad de estas prácticas de vigilancia ilegal, que ya fueron denunciadas durante la gestión del gobierno anterior y persisten en la actualidad, pese a las reiteradas denuncias y causas en trámite ante la justicia federal y provincial”.
También se remitieron notas a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso Nacional (ley 25.520) y a las presidencias de las Cámaras de Diputados y Senadores de la legislatura provincial, a quienes se le requirió la conformación de la hoy inactiva Comisión Bicameral de Seguimiento y Fiscalización de las Políticas de Prevención del Delito, Seguridad, Criminalística, Criminología e Inteligencia, creada mediante ley 12.068 en el marco de la reforma policial iniciada en el año 1997.
“El seguimiento y vigilancia sobre la conmemoración que se realizó en Balcarce por del Día de la memoria, y en distintas localidades, sobre la “Caravana de la memoria” convocada por la Mesa de la memoria de La Matanza o sobre una asamblea gremial de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia en Chivilcoy, son algunos de los hechos de espionaje ilegal enumerados por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en una nota dirigida al Ministro Berni”, se informó en un comunicado.
Y se agregó que “las organizaciones de familiares de víctimas de la violencia estatal o de ex detenidos son otro de los blancos policiales”. Por ejemplo, se indicó que se realiza las tareas de inteligencia ilegal en perjuicio de familiares de la masacre de Monte y de Germán Gómez –un joven que fue encontrado muerto en la comisaría de Alejandro Korn.
En todos los casos -siempre según la presentación judicial- la actuación de la Policía de la Provincia es similar: sin orden judicial ni razón que lo amerite, las y los efectivos toman fotografías o registro audiovisual de las personas que participan de las actividades.
“Para el desarrollo de estas tareas, llegaron a participar autos y policías de civil, y se emplearon drones. En algunos casos, las mismas autoridades policiales reconocieron expresamente el accionar, manifestando que así lo hacen en cumplimiento de órdenes emanadas de su superioridad”, destaca el comunicado.
“Las conductas denunciadas contravienen las facultades policiales regladas en la ley 13.982 e importan una injustificada invasión al ámbito de privacidad de todas y todos quienes concurren a aquellos encuentros públicos, que busca hostigar y amedrentar a las personas que participan de estas actividades y se organizan para la defensa de sus derechos”; completa.
Asimismo, estos hechos implican la realización de tareas de inteligencia ilegal, ya que la ley 25.520 de Inteligencia Nacional prohíbe “Obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.