A un año de la masacre de Transradio, en donde murieron 10 detenidos luego de un incendio, la familia de las víctimas denunciaron que la investigación continúa la línea “equivocada” y que les negaron el cambio de fiscal.
Juana Fernández, hermana de uno de los detenidos que murieron, manifestó: “Para el fiscal la culpa fue de los chicos y lo quiere resolver sin investigar a la Policía. La justicia lo justifica así y para ellos fue todo responsabilidad de los pibes”.
Fernandez destacó que la causa “se encuentra parada” y lo que avanza es con una línea investigativa muy favorable para los efectivos policiales que se encontraban la noche del 15 de noviembre del 2018 en Transradio. Luego de pedir el cambio del fiscal en la investigación debido a que consideraron que favorecía a los Policías involucrados en la masacre, el juez de Garantías a cargo denegó el reemplazo del fiscal Fernando Semisa.
En este sentido, Fernández explicó que de los diez patrulleros que estaban en la Comisaría, sólo un policía diferenció su relato del resto de los efectivos y su testimonio “fue descartado”. “El fiscal no los culpa de nada, sólo las declaraciones de los oficiales son tenidas en cuenta pero las de los pibes no”, criticó la hermana de una de las víctimas.
Además, resaltó que “no hay resultados de las autopsias” y que “esta todo en la nada”. Según lo contado uno de los chicos que sobrevivió y declaró luego de la masacre, le hicieron una causa por falso testimonio mientras que los Policías fueron removidos del cargo pero no de la fuerza.
“Nosotros como familiares queremos que se haga justicia. Había matafuegos, había personal policial que nunca fue capaz de abrir las celdas para dejarlos salir. Se deben contemplar esos factores en la investigación”
Los familiares de las víctimas pretenden que se investiguen las condiciones en las que permanecían recluidos los jóvenes que murieron y también al personal que estuvo esa noche. En esta línea Fernandez especificó que “tenían la capacidad para ayudarlos y señaló que “fue intencional dejarlos morir”.
“Hubo un abuso de poder y un abandono. Y hoy para la justicia los pibes no valían nada”, aseveró. Las familias junto a organizaciones de derechos humanos realizarán una marcha el 15 de noviembre frente a la Comisaría, que hoy se encuentra inhabilitada para detenidos.
En la madrugada del 15 de noviembre de 2018 los detenidos de la comisaría agruparon los colchones del edificio para prenderlos fuego a modo de protesta debido a que los efectivos policiales les habían cortado la luz mientras escuchaban música y también por las condiciones insalubres en las que se encontraban. La comisaría estaba clausurada desde 2012 por la falta de acondicionamiento y había detenidos que tendrían que haber estado 72 horas para luego ser trasladados pero llegaron a permanecer más de un año.
Fuente: Diario Conurbano