La comisión bicameral que trabaja en la aplicación progresiva del nuevo Código Procesal Penal dispuso que se implementen los artículos vinculados a las detenciones de imputados sin condena firme, situación que puede beneficiar al ex líder de UOCRA La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina y su hijo Cristian “Puly” Medina, ambos detenidos a disposición del juez Federal de Quilmes, Luis Armella.
Esto les permitirá a los abogados de los Medina (y de otros exfuncionarios detenidos) solicitar la excarcelación. Actualmente los jueces aplican el criterio de “plazo razonable” del uso de la prisión preventiva (estimado de dos a tres años) conjugado con lo establecido en la sentencia de la Corte Suprema conocida como plenario Díaz Bessone, que tiene en cuenta los peligros procesales como fuga o entorpecimiento probatorio.
También los jueces de instrucción aplican la polémica “doctrina Irurzun” en referencia al voto del camarista Martín Irurzan. A fines de 2017, la Sala II de la Cámara Federal consideró que “las relaciones de poder” que mantienen los ex funcionarios deben ser considerados como elementos que podrían entorpecer el curso de una investigación y en virtud de ello ordenó la detención del ex ministro de Planificación Julio De Vido. El criterio fue adoptado en otros casos con ex funcionarios y empresarios que terminaron detenidos.
Con la aplicación de la nueva normativa, muchos detenidos acusados de delitos de corrupción podrían recuperar la libertad y esperar el eventual juicio oral en libertad.
Las prisiones preventivas fueron uno de los temas de discusión durante la reciente campaña presidencial en la Argentina. El presidente electo, Alberto Fernández, aseguró que hubo un abuso de este instituto. Del otro lado de la grieta, el ministro de Justicia, Germán Garavano, expresó una idea similar y abogó por la realización de los juicios orales pendientes.