El fiscal que investiga la desaparición de Lucas Escalante, de quien se desconoce su paradero desde diciembre pasado cuando salió de Florencio Varela junto a su amigo Lautaro Morello, quien días después apareció asesinado, apeló el fallo que dictó la prisión preventiva del comisario mayor Francisco Centurión solo por la sustracción de caudales públicos y no por la privación ilegal de la libertad del joven buscado.
En un escrito de 30 fojas al que accedió Data Judicial, el fiscal Daniel Ichazo pidió al juez de Garantías Julián Busteros que revoque el punto de su resolución en el que sostuvo que no había pruebas para acreditar la participación del policía en el presunto secuestro de la víctima.
Y, a su vez, Ichazo adelantó que si le rechaza este planteo recurrirá a la Cámara de Apelaciones de Quilmes.
Para el fiscal, “al resolver, el juez debe exponer el razonamiento jurídico que lo ha llevado a tomar determinada decisión y convencer de que ésta ha sido el resultado de un ponderado estudio de las actuaciones, resguardando de decisiones arbitrarias o infundadas”.
Sin embargo, Ichazo consideró que la circunstancia de que la resolución excluyó a Francisco Centurión “de la privación ilegal de la libertad evidenciada en autos, sin brindar fundamento, denota claramente que el magistrado de origen ha guardado in pectore las razones por las cuales arriba a dicha conclusión”.
“Como consecuencia de ello la falta de tratamiento de las cuestiones llevadas a conocimiento del juzgador, imponen un reexamen por parte del superior, de las cuestiones oportunamente planteadas”, añadió.
Es que Busteros consideró que las maniobras que la fiscalía le imputó al policía “se acercan más a la figura de encubrimiento que en la presente no resulta punible” ya que uno de los principales acusados es su hijo Cristian, actualmente preso junto a su primo sobrino Maximiliano.
La semana pasada, el fiscal había pedido la prisión preventiva del comisario mayor por “sustracción de caudales públicos en concurso real con privación ilegal de la libertad agravada por haber durado más de un mes (en el caso de Escalante) y por ser cometida con violencia”.
A su vez, en su fallo de 23 páginas, el magistrado dispuso que el policía siga detenido preventivamente solo por el primero de los delitos, por la supuesta comercialización de vales para cargar nafta.
En esta causa, Cristian y Maximiliano Centurión están acusados del homicidio de Morello y de la privación de la libertad de Escalante; mientras que, al exjefe de la seccional de Bosques, comisario Sergio Enrique Argañaraz, se le imputa el encubrimiento del caso.
Por su parte, el mayor de los Centurión, quien ya fue desafectado de la fuerza por decisión de la Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense, resultó herido de un tiro en un tobillo cuando intentó fugarse de los policías federales que fueron a detenerlo a su casaquinta de la localidad de La Capilla, en Florencio Varela.
A raíz de ello, debió permanecer en observación y con custodia durante dos días en el Hospital Maternal “Mi Pueblo”, tras lo cual, lo alojaron en la Alcaidía de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA de Villa Lugano.
Por su parte la familia de Lautaro Morello (el joven asesinado) expresó que siente una “gran desazón por el fallo del juez Busteros”. Asimismo por medio de su letrado particular, el doctor Guillermo Diéguez, anunciaron que se reunirán con el Procurador Julio Conte Grand y miembros de la Suprema Corte de Justicia: “tenemos un enorme descreimiento de todo lo que sea por parte de la Justicia, asimismo tememos por las infuencias y conocimientos de algunos de los miembros del Poder Judicial relacionados con personajes de la política”, precisaron.
Escalante (26) fue visto por última vez el viernes 9 de diciembre en la localidad de Bosques, de Florencio Varela, cuando pasó a buscar a Morello para salir a festejar el triunfo de la Selección Argentina ante Países Bajos por las semifinales del Mundial de Qatar a bordo de un auto BMW que al día siguiente apareció incendiado.
El cuerpo de Morello fue encontrado cerca de las 21.30 del jueves 15 a la vera de la autopista en construcción Buen Ayre, en Guernica, partido de Presidente Perón, recostado boca abajo, “semicalcinado y en avanzado estado de descomposición” y, según la autopsia, la muerte se produjo por “asfixia mecánica”.
El último destino en el que quedó acreditado que estuvieron los dos amigos, en base a la declaración de testigos y por el análisis de antenas de celular y cámaras de seguridad, fue la casaquinta del comisario mayor Centurión, en La Capilla.
Si bien el móvil del hecho aún no está esclarecido, una de las hipótesis que se investiga es que Cristian y Maximiliano Centurión le ofrecieron como anzuelo a las víctimas los vales de nafta gratuitos que tiene la policía bonaerense para abastecer los móviles de combustible.