La Cámara Federal de Casación Penal dispuso ayer que se realicen los juicios orales por las causas Hotesur-Los Sauces y del Memorándum de Entendimiento con Irán en los que está imputada la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
Con los votos de los jueces Diego Barroetaveña y Diego Petrone, de la Sala I, el máximo tribunal penal del país dejó sin efecto los sobreseimientos dictados por los tribunales orales respectivos, según las resoluciones conocidas hoy en los tribunales locales.
Sin embargo, esas medidas son apelables ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En el caso Hotesur-Los Sauces, donde hay imputaciones por asociación ilícita y lavado de dinero en el alquiler de propiedades y hoteles pertenecientes a la familia Kirchner, los jueces hicieron lugar a la revocación del sobreseimiento dispuesto por el Tribunal Oral Federal 5 a fines de 2021.
No obstante, ratificaron que queda fuera del proceso Florencia Kichner, hija de los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner, porque tenía 12 años de edad en el momento en que se habrían producido los hechos.
Así, Casación dispuso que vayan a juicio oral la actual Vicepresidenta de la Nación; su hijo, el diputado nacional y titular del PJ bonaerense Máximo Kirchner; Romina Mercado, Patricio Pereyra Arandia, Lázaro Báez, Martín Báez, Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares, Leandro Báez, Sabrina Báez, Carlos Sancho, Cristóbal López y Fabián De Sousa, entre otros.
Asimismo, fueron apartados los jueces del TOF 5 Daniel Obligado y Adrián Grünberg.
Esos jueces habían dicho que los fondos que se habían usado para pagar alquileres de habitaciones en el complejo hotelero -la base de la sospecha de supuesto lavado de dinero- eran de “origen lícito” pues estaban bancarizados y “estuvieron respaldados por normas y decisiones emanadas de organismos oficiales y/o autoridades”.
Además, aquellos magistrados habían sostenido que debía aplicarse la ley más benigna, y que hasta 2011 -los hechos investigados habrían ido desde 2008 hasta 2015- el “autolavado” (maniobra para blanquear dinero propio) no estaba contemplado por la ley argentina.
“La apariencia de licitud de los activos estuvo dada desde el primer momento; es decir, desde que se realizaran los traspasos de fondos por las contrataciones de obra pública, licencias o concesiones, o se dispusieran beneficios impositivos o de otro tipo; todos ellos respaldados por la normativa de rigor”, habían sostenido Obligado y Grünberg.
Los jueces de Casación Barroetaveña y Petrone objetaron ese planteo.
En cuanto al Memorándum de Entendimiento con Irán firmado en 2013, cuyo objetivo era destrabar la investigación del atentado a la mutual judía AMIA (de 1994, que provocó 85 muertes), los jueces Barroetaveña y Petrone también revocaron los sobreseimientos y ordenaron que se haga el juicio oral.
El Tribunal Oral Federal 8 había sobreseído, también en 2001, a la expresidenta y otros consortes de causa que estaban acusados de encubrimiento de aquel atentado.
Ahora la Casación resolvió revocar esa medida y ordenó el debate oral y público. También dispuso apartar a los jueces del TOF Daniel Obligado y José Antonio Michilini y a la jueza Gabriela López Iñiguez.