Con siete imputados: uno detenido con prisión domiciliaria y el resto excarcelado, el fiscal platense Juan Cruz Condomí Alcorta envió el expediente al Juzgado de Garantías para que le ponga fecha al juicio oral. Se trata de una defraudación que superó los 6 millones de pesos en 2014.
En el marco de una investigación por una estafa de más de 6.000.000 de pesos ocurrida en la Dirección General de Cultura y Educación en la provincia de Buenos Aires, con irregularidades detectadas desde 2014, el fiscal pidió la elevación a juicio, informaron fuentes judiciales.
La solicitud la realizó el titular de la UFI N° 16 a cargo de Juan Cruz Condomí Alcorta, quien imputó por asociación ilícita a Martín Acevedo, un empleado del área de Contralor Docente de la cartera educativa bonaerense, y a seis “prestanombres”, las que cobraban sin trabajar.
Acevedo fue beneficiado recientemente con prisión domiciliaria por la Cámara de Apelaciones, mientras que el resto de los imputados: María Asunción Cabrera, Jessica Gabriela Cabrera, Benjamín Benítez Fredes, Laura Alejandra Estrella, Silvia Edith Silva y Rufina Cabrera, esperarán el juicio excarcelados por disposición del juzgado de Garantías de Marcela Garmendia.
Los siete están acusados de cometer un fraude por más de 6.590.000 pesos con la designación de “falsos preceptores” que cobraban por su cargo pero no trabajaban.
Para el fiscal la maniobra la comandaba Acevedo, que se desempeñaba en la cartera educativa provincial y, gracias a su cargo, designó como preceptores a al menos seis personas -algunos familiares- que cobraron desde 2014 y hasta 2018 bajo la modalidad “ticketera”, es decir con la mera exhibición de su DNI en el banco, de acuerdo con la investigación judicial.
La denuncia la realizó la Dirección General de Cultura y Educación que a través de auditorías permanentes “detectó que el mismo agente cargaba en el sistema preceptores en dos escuelas de La Matanza sin que éstos fueran nombrados de manera formal”.
“No había acto público ni documentación respaldatoria, y eran preceptores que vivían en La Plata y aparecían como trabajando en La Matanza, lo que no era cierto”, agregó el vocero.
En la pesquisa se detectaron 109 hechos de liquidación irregulares.
“El agente cargaba a esos ‘prestanombres’ liquidaciones retroactivas por cargos de preceptor que no cumplían. Sólo por citar un ejemplo, se sabe que en uno de esos hechos uno de los detenidos cobró 170.000 pesos”, precisó una fuente judicial.