A través del informe anual “El Sistema de la Crueldad XVII”, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) advirtió que, pese a que hubo un pronunciado descenso de la letalidad policial y de las aprehensiones policiales, el diagnóstico confirma una vez más la necesidad de una transformación más profunda.
“La política criminal tiene más de 20 años y produce graves violaciones a los derechos humanos: Persisten la sobrepoblación, el hacinamiento y la tortura sistemática en los lugares de encierro y en el despliegue de las policías en los territorios, produciendo muertes, la mayoría evitables. A 40 años del retorno de la democracia, todos los poderes del Estado y las fuerzas políticas deben comprometerse en la construcción de una política criminal que respete los derechos humanos”, expresaron desde la organización.
El documento reveló que se registró un total de 45.004 hechos de violaciones a los derechos humanos, incluyendo torturas, malos tratos, negación de acceso a la justicia y otras restricciones. En tanto, se detalló que se realizaron 26.183 presentaciones judiciales individuales y 122 acciones colectivas.
De acuerdo con la CPM, “a lo largo del año 2022, fueron denunciados por este organismo 61 casos de corrupción penitenciaria: Comercialización de espacios y bienes, extorsión, narcocriminalidad, violencia física, estafas, robo de pertenencias, etcétera”.
“La elección por la continuidad de una forma de política criminal repercutió, en 2022, directamente en la profundización de las vulneraciones a derechos humanos de las personas privadas de libertad y eso tiene que ver tanto con el incremento de los niveles de hacinamiento como con las condiciones materiales y el acceso a derechos básicos”, precisó Pomares.
El informe cuenta con un dato relevante: en 2022 descendió la letalidad policial. De las 90 muertes registradas durante el relevamiento, 53 fueron realizadas por integrantes de la policía bonaerense, diez menos que las reportadas en 2021. Además, descendieron las cometidas por policías federales, de 21 a 11.