Las diputadas nacionales Carla Carrizo (Evolución Radical) y Roxana Reyes (UCR) celebraron a través de sus redes sociales que el Consejo de la Magistratura incorporó como requisito obligatorio la capacitación de la “Ley Lucio”.
“Y hoy un #BuenViernes porque el Consejo de la Magistratura incorporó la Ley Lucio en los concursos para magistrados del Poder Judicial de la Nación. En adelante, los jueces deberán acreditar como requisito obligatorio la capacitación en derechos de niñas, niños y adolescentes para poder postularse”, explicó Carrizo en su red social “X” y destacó: “Un primer gran paso para que el sistema judicial comience a saldar una gran deuda en la protección de niñas/os y adolescentes en Argentina”.
En el mismo sentido, Reyes expresó: “¡Gran noticia! La Ley Lucio ahora es formación obligatoria para quienes aspiren a la magistratura, asegurando así la protección de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. Seguimos en camino hacia una justicia más justa y equitativa”.
La norma fue sancionada el 13 de abril por el Senado por unanimidad y reglamentada el 3 de mayo. La iniciativa crea el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas Niños y Adolescentes estará destinado a las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado Nacional, que forman parte corresponsable del Sistema Integral de Promoción y Protección de los derechos de los Niñas Niños y Adolescentes
Podrán también ser destinatarios del citado Plan, agentes de las administraciones provinciales, municipales y de organizaciones sociales, Deportivas, Recreativas y Culturales, en el marco de convenios de cooperación y colaboración con la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
Algunos de los principios fundamentales de la ley son velar por el respeto de la Convención de los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional y por las disposiciones de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; generar las condiciones para una convivencia social fundada en vínculos de afecto y confianza que se definen como “buen trato”, fundamental para el desarrollo de proyectos de vida por parte de las nuevas generaciones; promover los espacios y metodologías necesarias al efecto de garantizar el derecho a ser oídos de las Niñas Niños y Adolescentes en todos los procesos administrativos y judiciales, conforme el principio de la autonomía progresiva, receptado tanto en la Ley 26.061 como en el Código Civil y Comercial de la Nación.
En este marco se deberá propiciar el derecho a la Participación de Niñas, Niños y Adolescentes, en los distintos ámbitos sociales y comunitarios, poniendo énfasis en la posibilidad de incidir en el diseño de políticas públicas que afectan sus intereses y derechos.
La autoridad de aplicación de la ley será la secretaria nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la cual, entre otras cosas, deberá elaborar los contenidos del Plan Federal de Capacitación en articulación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (COFENAF).
También propone campañas de concientización en medios de comunicación y redes sociales, estableciendo una difusión de carácter semestral de las iniciativas para informar sobre los derechos de los niños y cómo evitar las situaciones abusivas.