En su segundo día, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, solicitó al Senado el retiro de los mensajes que solicitaban el acuerdo para la designación de 62 funcionarias y funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal (MPF) y del Ministerio Público de la Defensa (MPD), que habían sido impulsados por el expresidente, Alberto Fernández. La decisión fue coordinada con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y se trata de una maniobra común de una administración entrante.
“Desde el Ministerio de Justicia analizaremos caso por caso, teniendo en cuenta los lineamientos fijados por el presidente Javier Milei, su jefe de Gabinete y respetando el procedimiento correspondiente, para proponer jueces independientes, idóneos, no políticos ni amigos”, expresó el ministro de Justicia a través de un comunicado de prensa.
Según se precisó desde la cartera, se trata de 29 pliegos de jueces, 9 vocales de Cámara, 10 fiscales del MPF y 14 defensores del MPD correspondientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Santa Fe, Santa Cruz, Misiones, Santiago del Estero, Buenos Aires y de la Defensoría General de la Nación.
Tras las elecciones generales del 22 de octubre, el entonces oficialismo intentó aprobar 16 pliegos que fueron enviados por el Ejecutivo en mayo, entre los que estaba el del juez Juan Rafael Stinco, el de María Laura Manin y el de Lucas Alberto Colla, todos con vínculos cercanos a referentes del kirchnerismo como Eduardo “Wado” de Pedro y Máximo Kirchner. La entonces opositora plantó resistencia y frenó el avance de estos en el Congreso.
Cúneo Libarona deberá afrontar un problema similar al que tuvieron que hacer frente sus predecesores: la cantidad de puestos vacantes. De acuerdo con datos oficiales del Concejo de la Magistratura de la Nación, hasta el mes de septiembre había un 27,3 % de cargos sin ocupar. Esa cifra no se movió. Por ejemplo, en los juzgados federales de Comodoro Py, donde se concentran causas de peso, hay 4 juzgados vacantes de un total de 12. Se trata de los que estaban a cargo del fallecido juez Claudio Bonadio, los jubilados magistrados Rodolfo Canicoba Corral y Luis Rodríguez y del juez Sergio Torres, quien pasó a integrar la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Para designar al reemplazante de Bonadio, Canicoba Corral y de Torres, se iniciaron concursos públicos e incluso están en condiciones de aprobarse desde febrero del año pasado. Sin embargo, no se concretó.
Entre las decisiones pendientes que deberá afrontar Cúneo Libarona, también se encuentra la definición de quién será el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Se trata de un nombramiento que se encuentra frenado desde hace meses por las diferencias entre el gobierno saliente y la entonces oposición que, se estima, se mantenga en los próximos meses, por lo que no tendrá el camino allanado para torcer el rumbo de la situación.