La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires emitió un documento a partir de la derogación de una ley anunciada por el gobernador de la Provincia referida al narcomenudeo.
Ante la iniciativa gubernamental en favor de la derogación de la ley 13.392, La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires estima necesario expresar lo siguiente:
- Según informa la agencia Télam, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, al encabezar el acto por un nuevo aniversario de la creación de la Policía, en la Escuela Juan Vucetich, mostró la favorable predisposición de su gobierno para refederalizar los delitos de menudeo de estupefacientes, porque la absorción provincial de esta competencia –a raíz de la ley nacional 26.052, y su correlato en la ley provincial 13.392– produjo una nociva disociación de las jurisdicciones para investigar y juzgar algunas de las conductas típicas previstas en la ley de estupefacientes (ley 23.737 y modificatorias).
“Hay que unificar los delitos de narcotráfico en la esfera federal. Vamos a trabajar con los instrumentos necesarios para que esto vuelva a ocurrir. De otra manera, no vamos a resolver este problema, más allá de los esfuerzos del Ministerio de Justicia o de la policía, porque hay una separación en la cadena de investigación y en el tratamiento judicial de un delito que, al final, es el mismo: narcomenudeo y organizaciones internacionales”, expresó Kicillof.
- Desde La Red de Jueces Penales Bonaerenses a la vez que celebramos el anuncio oficial, y hacemos votos para que sea acompañado desde la Legislatura, recordamos que a poco de asumir sus funciones el actual mandatario, en el ámbito del Ministerio de Justicia, por entonces a cargo del Dr. Julio César Alak, se constituyó la Mesa Interinstitucional de Diálogo, donde sostuvimos la necesidad de derogar la ley de adhesión que la provincia promulgó para asumir su competencia en la represión del narcomenudeo (ley 13.392, del 2 de diciembre de 2005).
Para la fundamentación de esa propuesta, el 20 de agosto de 2020, se emitió un documento específico (titulado “Deteniendo micro- vendedores, no se ataca al narcotráfico”), donde se incluyó un gráfico ilustrativo acerca de la evolución porcentual de detenidos por estas ilicitudes desfederalizadas.
- En efecto, nuestra entidad hizo esa declaración pública donde consideró que urge definir políticas claras a nivel provincial, que permitan paliar la actual coyuntura. La Red estimó que esa derogación resultaba imperativa porque la persecución de los vendedores de droga al menudeo, produjo la disposición de cuantiosos recursos humanos y materiales, con destino a un objetivo que resultó fracasado por insostenible e ineficaz.
Fracasado, en tanto los cuantiosos recursos utilizados para la llamada “lucha contra el narcotráfico” no generó ninguna mejora sustancial respecto de la situación precedente. Pese a que gran cantidad de agentes policiales, empleados, funcionarios y fiscales hayan sido destinados específicamente a esta tarea en toda la provincia, no se advierte la disminución del problema que han venido a resolver: se han gastado muchos recursos sin verificar el cumplimiento de objetivo alguno.
En la justicia penal se produjo una saturación. Según un Informe de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, sólo durante el año 2018, se iniciaron más de sesenta mil (63.198) investigaciones penales preparatorias. De ellas, más de un 65% resultó por delitos de microtráfico de estupefacientes, y más del 33% estaba referida a simples tenencias o tenencias para consumo personal.
Las consecuencias en el sistema de justicia penal provincial son visibles: a) Incremento significativo del caudal de trabajo –y el nivel de conflictividad– de los organismos del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos, especialmente en la primera etapa del proceso; b) Realización de pericias toxicológicas, que se dilatan por falta de recursos en los laboratorios; c) Aumento del número de audiencias en la instancia oral y el tiempo y los recursos que destinan los distintos actores a tal fin; d) Sobrecarga de las Cámaras de Apelación y Garantías en lo Penal del conjunto de departamentos judiciales, en particular, de aquellas del Conurbano, y del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires.
Insostenible, porque la aprehensión de los vendedores de pequeñas cantidades de droga ya ha generado un masivo encarcelamiento a nivel provincial.
A la fecha de implementación de la ley de desfederalización, la provincia de Buenos Aires ya había sido denunciada por violación a derechos humanos por sobrepoblación y hacinamiento ante organismos internacionales; por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya había observado la deficiencia en la actuación de los poderes públicos locales.
Sin embargo, en aquel momento se optó por asumir las competencias en esta materia, profundizando en la actualidad la situación de sobrepoblación y hacinamiento carcelario, cuya tasa de detención actual es record histórico con 336 personas detenidas cada 100.000 habitantes, cuando en 2006 era de 139 cada 100.000. Hoy, se repiten las declaraciones de emergencia penitenciaria por las autoridades políticas y los más altos tribunales locales –Suprema Corte de Justicia y Tribunal de Casación Penal– definen la situación como una grave crisis humanitaria.
Ineficaz, desde que estos cuantiosos gastos derivados a reprimir al narcotráfico nunca podrán tener éxito, pues apuntan al sector más fungible de la actividad. El hecho de que la detención masiva de personas no haya derivado en una mejora de la situación, responde a un mal enfoque político criminal del problema:
- El confinamiento de vendedores al menudeo ataca al sector más fungible del mercado ilegal: Los vendedores son personas sin preparación, ubicados en el último eslabón de la cadena delictiva, por tanto, su “neutralización” –detención– no afecta la estructura de la organización, y su reposición como recurso humano es muy sencilla, por la escaza preparación requerida y su fácil reclutamiento en un contexto de precariedad económica.
- Estas características del fenómeno predican la necesidad de conducir las investigaciones hacia las instancias superiores de la organización; por el contrario, la prisionización masiva de sujetos implicados en el narcomenudeo, protagonizado por una jurisdicción local que no puede –por ser competencia federal– ir contra las cabezas de las organizaciones, resulta un instrumento manifiestamente inidóneo para desarticular estas bandas criminales.
- En síntesis, el haber focalizado el problema del narcotráfico en la persecución de micro-vendedores callejeros, representó una política criminal fracasada (carente de resultados positivos verificados), insostenible (por los cuantiosos e infructuosos costos que representa para una provincia sin los recursos necesarios) e ineficaz (pues nunca la persecución del último eslabón de las bandas narco-criminales puede desmantelar su organización), que debe ser reenviada a la competencia federal, única autorizada a realizar investigaciones inter-jurisdiccionales que permitan atacar a la cúspide de este tipo de organizaciones.
Por lo tanto, adherimos a la iniciativa gubernamental anunciada e instamos a los legisladores provinciales a obrar sin sesgos partidarios o ideológicos, buscando la consecución del interés general en la eficaz persecución penal de las actividades delictivas, asociadas a la narcocriminalidad.
La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires
La Plata, 16 de diciembre de 2023 Juan Sebastián Galarreta Julio Andrés Grassi; Secretario Presidente