La Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense relevó ayer a los fiscales de la obligatoriedad de recurrir las medidas que impliquen dejar sin efecto medidas de coerción de detenidos o que rechacen el pedido de prisión y les pidió analizar cada caso en particular.
La medida está contenida en la Resolución 56 publicada por el procurador Julio Conte Grand en la que consignó que «los fiscales deberán analizar en cada caso particular la pertinencia de articular instrumentos recursivos respecto de decisiones jurisdiccionales que rechacen o dejen sin efecto medidas coercitivas».
Y, aclaró que ello debe hacerse «con legitimación plena en defensa de los intereses de la sociedad y en resguardo de la vigencia equilibrada de los valores jurídicos consagrados en las disposiciones constitucionales y legales».
La medida adoptada por Conte Grand es parte de una serie de acciones que se complementa con las del gobierno provincial y que apuntan a aliviar la superpoblación carcelaria bonaerense que provocó una huelga de hambre de casi 15 días de unos 9.000 internos.
En diciembre, el procurador dispuso también que los fiscales y defensores reevalúen las medidas de coerción cuando impliquen trato cruel, inhumano o degradante y ordenó que controlen los tiempos de la prisión preventiva de detenidos para que se resuelva oportunamente la situación de esas personas.
También pidió que utilicen «todas las modalidades que prevé la ley en materia de morigeración de prisión preventiva o sus alternativas, siempre que sea posible de acuerdo a cada caso en particular».
Además, ordenó a los miembros del Ministerio Público Fiscal (MPF) a extremar los controles de la prisión preventiva para que se resuelva en el tiempo oportuno la situación de las personas que se encuentran bajo esta medida.