La Red de Jueces Penales de la provincia de Buenos Aires elaboró un documento en el que rechaza la baja en la edad de imputabilidad y la considera como una idea “simplista y desacertada” como una búsqueda de respuestas frente al delito juvenil.
Desde la entidad, que nuclea a magistrados de todos los Departamentos Judiciales en que está dividido el territorio bonaerense, creen que es “imperioso hacer un llamado a la reflexión” a la dirigencia política “para que el recurso de la reforma legal, con el solo objetivo de bajar la edad de imputabilidad, no se presente frente a la sociedad como la única y mejor respuesta frente al delito”.
“A ciencia cierta sabemos positivamente que esa no es la solución”, esgrimieron los jueces en un documento público al que tuvo acceso Data Judicial. En el escrito, asimismo, se preguntaron “si no sería mejor presentar a la sociedad concretas políticas públicas de infancia y adolescencia a los fines de abordar ciertas conflictividades sociales que involucran a los jóvenes”.
Entre otras cuestiones, sobre los programas alimentarios que existe desde el Estado para satisfacer las necesidades más elementales de los niños, niñas y adolescentes; los índices de deserción escolar y las medidas propuestas para promover su inserción en el sistema educativo; las políticas de salud tendientes a tratar de manera efectiva las situaciones de consumo problemático de sustancias tóxicas; y cuáles son los planes de acompañamiento terapéutico desplegados de manera continua y efectiva a través de los Servicios Locales o Zonales.
Según la Red de Jueces Penales, una vez agotadas esas instancias “de manera prioritaria” se podría justificar la intervención del sistema penal frente a conflictos sociales ya ocurridos. Y remarcaron: “bajo los lineamientos de la Convención sobre los Derechos del Niño sólo se podrá desarrollar con fines resocializadores y educativos, más nunca desde una perspectiva puramente retributiva, como parece proponerse en los espasmódicos impulsos de reforma legal”.
“Abordar un tema tan delicado como es la reducción de la edad de punibilidad con relación a personas vulnerables, quienes por su inmadurez todavía están en plena etapa de crecimiento y evolución personal, no puede realizarse de manera simplista”, enfatizaron los magistrados nucleados en la entidad. Y concluyeron: “para afrontar con eficacia el acuciante problema de la inseguridad no debe invertirse el orden de los factores. La ampliación de los ámbitos de punibilidad, con relación a las y los jóvenes, no debería concebirse como la primera y principal decisión política en la materia”.