En las últimas horas la Corte Suprema ratificó un fallo que reconoce el derecho de las presas que están detenidas con sus hijos o están embarazadas a percibir las asignaciones familiares.
Hasta el momento la Anses resistió a pagarles el beneficio a las mujeres aludiendo que el servicio penitenciario cubre esas necesidades. “Resultan inaceptables los argumentos”, contradice la resolución del máximo tribunal.
Los jueces se basan en los tratados internacionales, artículos constitucionales y leyes laborales y de protección de la infancia y la mujer, para avalar el reclamo presentado por internas del Centro de Detención de Mujeres Unidad 31 de Ezeiza.
“La forma en la que la Corte contestó trasciende el alcance de este caso y es un respaldo fundamental sobre si las personas privadas de su libertad son sujeto de derecho a la seguridad social”, dijeron desde la Procuración Penitenciaria de la Nación.
Ahora con esta resolución de la Corte Suprema el beneficio se podrá extender a los penales federales de Salta y La Pampa, donde hay mujeres en la misma situación de reclamo.
La demanda se originó con un hábeas corpus presentado por la Procuración Penitenciaria de Nación y la Defensoría General en defensa de las mujeres madres detenidas o embarazadas de la Unidad 31.
En rigor, la presentación había sido rechazada en los tribunales bonaerenses, pero el fallo fue revertido por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal y apelado por la Anses, que decidió ir en queja hasta la Corte.
El hábeas corpus reclama por tres tipos de asignaciones: la Asignación Única por Embarazo (AUE), la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignación familiar para aquellas que realizaban trabajo intramuros.
El organismo previsional también consideró que el camino del hábeas corpus no era adecuado, entre otras cosas, por no registrarse un agravamiento en las condiciones de detención y llegó a sostener que se ponía en crisis el Sistema Previsional
Sin embargo, los abogados de la Procuración Penitenciaria habían presentado los artículos del presupuesto nacional 2012, 2013 y 2014, que contemplaban partidas para las asignaciones de las trabajadoras detenidas.
“El ingreso a una prisión no despoja a las personas de la protección de las leyes”, subrayan el fallo, lo que para muchos constituye un principio fundamental de la ley de ejecución penal.
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