El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció “la inmediata entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en el ámbito de la Cámara de Apelaciones de Rosario a partir del lunes 18 de marzo”.
Se trata de la aplicación del denominado “código acusatorio”, que otorga la facultad de la investigación a los fiscales, les asigna a los jueces el control de las garantías constitucionales durante el proceso y procura acelerar los tiempos para la celebración de los juicios orales.
Según un Comunicado Oficial del Ministerio, la iniciativa apunta a “la más eficaz persecución de los responsables de los graves crímenes como el narcotráfico, la trata y el lavado de activos”.
“Todo esto es especialmente importante en Rosario y su área metropolitana ya que alrededor del 70 por ciento de los 500 homicidios cometidos entre 2022 y 2023 son resultado de delitos complejos del orden federal”, explicó el documento.
El Código Acusatorio fue sancionado durante el gobierno de Cristina Fernández pero su puesta en marcha completa se frenó en los albores de la presidencia de Mauricio Macri y actualmente se aplica sólo en algunas jurisdicciones.
A fines de febrero el gobierno de Javier Milei publicó en el Boletín Oficial un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que le quitó al Congreso la facultad de implementar paulatinamente el Código y le asignó esa tarea al ministerio de Justicia.