La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) advirtió sobre la escalada de violencia institucional durante el gobierno de Javier Milei, que podría convertirse en «el más represor desde la última dictadura».
La denuncia tuvo que ver con el reporte de más de sesenta casos de muerte asociada a violencia policial, registrados en los tres meses que lleva en el poder el gobierno libertario. Además, desde la organización indicaron que su tarea se podría verse afectada por «los intentos de censura sobre los medios públicos», en referencia al cierre de Télam.
Así lo afirmó la titular del Correpi, María del Carmen Verdú, en el acto anual de presentación del archivo de personas asesinadas por el Estado. La activista aseguró que «el impacto de políticas represivas» con más de 60 muertes por violencia desde el Estado, una cartera caliente que está a cargo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Para reforzar su punto, la titular de Correpi comparó los números de lo que va del gobierno de Javier Milei, que asumió en diciembre pasado, con el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) y Alberto Fernández (2109-2023).
Juntos por el Cambio tuvo un»“incremento significativo de casos respecto de años anteriores», indicó y manifestó que «no es menor la intervención de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad en esa gestión».
En esa línea, indicó que durante la presidencia de Macri «se consolidó como el gobierno más represor desde la última dictadura cívico militar eclesiástica, aunque la proyección que podemos hacer con los datos recolectados durante los primeros 70 días del gobierno de LLA indica que la gestión de Milei y Victoria Villarruel los va a dejar en el segundo escalón del podio».
Respecto al gobierno de los Fernández, bajo el sello del Frente de Todos, Verdú dijo que se registraron «leves descensos» de casos de gatillo fácil, en relación a cambios normativos, como la derogación del protocolo de seguridad del gobierno anterior.
«Inmediatamente irrumpe la pandemia y las medidas sanitarias fueron dejadas en manos de las fuerzas de seguridad para garantizar su implementación», apuntó. En ese sentido, evaluó que esa situación generó “crecimiento de casos gatillo fácil a pesar de que bajó mucho la cantidad de gente circulando en la calle», señaló.
Y recordó que “nuevamente tuvimos que salir a denunciar desapariciones forzadas a manos de las fuerzas de seguridad como la de Facundo Astudillo Castro”, ocurrida en 2020 cerca de Bahía Blanca.
Finalmente, destacó la necesidad de que se prohíba la portación del arma reglamentaria fuera de servicio, el cumplimiento de la sentencia Bulacio sobre detenciones arbitrarias y el cese del abuso de la prisión preventiva, entre otras medidas.
«Sabemos que reclamarle el cumplimiento de cualquiera de estas medidas al gobierno del ajuste, del gatillo fácil, de la represión es absurdo pero no por eso vamos a bajar las banderas ni dejar de decir lo mismo que venimos diciendo hace décadas. El objetivo es que estos reclamos tomen encarnadura en el cuerpo social y se conviertan en una demanda social», cerró.