El Gobierno dispuso aplicar de manera retroactiva el incremento en el costo de la generación eléctrica para los usuarios de Edesur y Edenor. La decisión no tuvo comunicación oficial, lo que generó una gran polémica entre los consumidores.
De esta manera, la suba reflejada en las facturas de electricidad para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comenzó el 1 de febrero, en lugar del viernes 16, como había anunciado originalmente el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) en las resoluciones que fijaban los aumentos a partir de su publicación en el Boletín Oficial a mediados de febrero.
Sin embargo, el organismo le comunicó a las distribuidoras que la aplicación del incremento debía ser de forma retroactiva al inicio del segundo mes del año. La decisión no fue informada a los usuarios mediante ningún canal oficial, lo que podría derivar en una demanda judicial, ya que los ajustes en las tarifas de los servicios públicos deben ser dadas a conocer mediante una resolución oficial y pública, de libre acceso.
El aumento, correspondiente al componente de mayor costo de las tarifas que es la generación eléctrica, lo define la Secretaría de Energía de igual manera para todo el país, en base a la programación estacional de cómo se abastece la demanda eléctrica en cada trimestre.
Los valores se actualizaron a principios de febrero y rigen hasta fines de abril, con una suba del 117% ($20.460 el MWh a $44.401) para los usuarios de altos ingresos, comercios e industrias, y sin cambios para los hogares de ingresos bajos y medios, pero el área encabezada por Eduardo Rodríguez Chirillo dispuso su entrada en vigencia desde el 16 de febrero, por lo que en los primeros quince días del mes las facturas no debían actualizarse.
Al percatarse de esta situación, el ENRE le comunicó el 11 de marzo a las distribuidoras en una nota, que facturen de manera retroactiva el consumo de la primera quincena de febrero con los valores más altos del precio mayorista de la electricidad, pero no lo hizo de manera pública.
Aunque los ajustes en el costo de distribución no se pueden aplicar de manera retroactiva, desde el Ejecutivo entienden que si se puede hacer con el valor de generación, ya que el cálculo surge de la concurrencia de la demanda estimada y los costos de la oferta con la que se atenderá. De esta manera, el problema de esta decisión radica en su falta de comunicación.