Diputados aprobó el proyecto de ley que modifica los regímenes jubilatorios de jueces y diplomáticos. El texto original sufrió modificaciones y será girado al Senado
Con 128 votos a favor y ninguno en contra, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, por el cual se modifican el Régimen Previsional Especial de los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público de la Nación y de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y el Régimen Previsional Especial para Funcionarios del Servicio Exterior de la Nación.
El texto original sufrió diversa modificaciones, sin embargo, el oficialismo rechazó la incorporación de una cláusula transitoria reclamada por otros bloques para garantizar que los jueces en condiciones de jubilarse puedan acogerse al régimen actual y así evitar una catarata de renuncias.
El proyecto establece que “el haber inicial de la jubilación ordinaria para los magistrados y funcionarios será equivalente al 82% del promedio de las últimas 120 remuneraciones actualizadas, sujetas a aportes y contribuciones, por el desempeño de los cargos (…) percibidas durante el período inmediato anterior al cese definitivo en el servicio”.
Se aumentará la edad jubilatoria de los hombres en forma gradual hasta llegar a los 65 años. Para las mujeres se mantendrá la edad de 60 años. Dispone, además, que el aporte personal correspondiente a los funcionarios y magistrados “será equivalente a la alícuota determinada en el artículo 11 de la ley 24.241 y sus modificatorias incrementada en siete puntos porcentuales, sobre la remuneración total percibida en el desempeño de sus funciones”.
Por pedido de gremios judiciales, se incorporó la categoría de Secretario de la Procuración General de la Nación y la categoría de jefe de despacho y prosecretario administrativo. A su vez, el trámite para jubilarse deberá realizarse ante las Unidades de Atención Integral (UDAI) de la ANSES que corresponda.
“Respetamos los derechos adquiridos de aquellos que están jubilados actualmente. Aquellos jueces en actividad que ya tienen el beneficio adquirido, tampoco se los afecta con esta ley. Los jueces en actividad que presentaron la nota y no tienen el beneficio acordado, tampoco se afectan sus derechos. Los jueces que reunieron los requisitos de edad y de aporte pero no iniciaron el trámite, también tienen el derecho adquirido”, aclaró el diputado y miembro informante por el oficialismo, Marcelo Casaretto.
Tras una discusión por el quórum, el diputado nacional Casaretto (PJ-Entre Ríos) sostuvo que el objetivo del proyecto es “limitar el desfinanciamiento de estos sistema”, y agregó: “No lo hacemos para liberar cargos en la Justicia”. Explicó, además, que actualmente hay 17.622 trabajadores activos del Poder Judicial que aportan, en promedio, 32.000 pesos, mientras que los pasivos son casi 7.000, cuyo haber promedio es de 272.000 pesos.
También destacó que hay beneficios que llegan hasta los 770.000 pesos por mes -cuatro jubilaciones otorgadas por 750.000 pesos y ocho por 700.000 pesos-, mientras que otros 2.265 están por encima de los 300.000 pesos.