La subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires presentó una acción de amparo con solicitud de medida cautelar para evitar el desmantelamiento del equipo de Análisis Documental del Ministerio de Defensa de la Nación.
“Es un equipo de trabajo fundamental que envía documentación y aporta a juicios de lesa humanidad, además de otros espacios que hacen requerimientos de esa información, y mediante el escrito que presentamos ante la Justicia exigimos su reincorporación”, manifestó el Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías Moreno.
“Las recientes medidas tomadas con relación al Archivo de Defensa desde el Poder Ejecutivo, que no renovó los contratos del personal que se desempeña en el Archivo de Defensa, afecta notablemente al desarrollo de los juicios por delitos de lesa humanidad que se están llevando a cabo, además de las futuras investigaciones, ya que es el único organismo que remite esa información”, agregó Moreno.
La presentación de la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense menciona que “configura una violanción arbitraria de garantías y derechos consagrados por la Constitución Nacional, otras leyes y los tratados internacionales, entendiendo que allí se encuentran medios de prueba fundamentales para el esclarecimiento de las causas en trámite en la jurisdicción”.
En el escrito se da cuenta que “los archivos constituyen elementos necesarios para dar cumplimiento a la obligación asumida por el Estado argentino de garantizar el derecho a la verdad de las víctimas de graves violaciones a los DDHH, sus familiares y la sociedad toda por lo que solicitan que se ordene en forma urgente la medida cautelar que busca que siga en funcionamiento el área que garantiza el acceso a la Verdad, a la Justicia por la información sensible que maneja y que requirió de una capacitación específica de los trabjadores para desempeñar dichas tareas”.
La Subsecretaría de Derechos Humanos, se encuentra legitimada específicamente para presentar esta acción dado que son parte de sus acciones la formulación de estrategias de litigio en los casos por crímenes de lesa humanidad en los que el propio organismo sea parte; la representación como querellante a las víctimas por crímenes de lesa humanidad y/o sus familiares cometidos por el Terrorismo de Estado.
Por ello es que el organismo fue admitido como parte querellante en procesos penales en dónde se investigan, juzgan y sancionan graves violaciones a los derechos humanos, en particular aquellos que acontecieron previa y durante la última dictadura cívico militar.