Un proyecto de ley que el Senado bonaerense podría sancionar la semana que viene modifica la fórmula de cálculo de las sentencias judiciales por despidos y ´podría multiplicar por hasta siete veces el costo que deban para las empresas, según denunció PRO, que anticipó su rechazo.
El proyecto, aprobado la semana pasada en Diputados, es una modificación del Código Procesal en materia laboral. Incorpora a ese texto una fórmula para calcular los intereses que los empleadores deben pagar el juicios perdidos por despidos. Ahora, ese cálculo está regulado por otra fórmula, que figura en el Código Civil y Comercial nacional.
En el proyecto bonaerense, presentado por las diputadas del bloque de Unión por la Patria Maite Alvado (camporista de Bahía Blanca) y Soledad Alonso (Sindicato de la Anses), l método cálculo de los intereses de las sentencias es el siguiente: se aplica al capital adeudado la fórmula CER + 6%. “Eso genera que las sentencias que se dicten costarán entre 5 y 7 veces lo que cuestan las de ahora”, dijeron a DIB en el bloque de PRO.
En un posteo de X, el presidente de la bancada de PRO en Senadores, Alejandro Rabinovich, hizo un cálculo comparativo concreto. “Con la ley actual, un despido ocurrido en enero del 2020 en el que se reclama un capital de $100.000, el empleador debería pagar hoy, aproximadamente $370.000; y con la nueva reforma ese monto se elevaría a $2.551.895”.
Rabinovich consideró “inconstitucional” la iniciativa y dijo que PRO la rechazará, aunque con apoyo de otros sectores de la oposición la iniciativa podría aprobarse.
El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, pidió públicamente aplicar el “sentido común” para evitar aprobar el proyecto y alertó que sería perjudicial para el desarrollo de las PYMES, a la vez que desalentaría la creación de empleo.
Aunque el capítulo laboral del DNU 70 está suspendido por la Justicia, el proyecto de Ley Bases que aprobó Diputados y ahora discute el Senado, aligera la carga sancionatoria de las indemnizaciones, además de posibilitar la adopción de un sistema alternativo optativo para el cese laboral a través de un fondo financiado durante el período activo de los trabajadores, que se establecería en cada convenio colectivo.