La Corte Interamericana de Derechos Humanos ratificó que el Estado argentino es responsable por violar los derechos humanos de las víctimas del atentado contra la mutual judía AMIA.
El tribunal internacional añadió a la condena las violaciones al “derecho colectivo a la verdad” y dispuso puso que el Estado argentino “debe comprometerse con las investigaciones y las medidas de reparación”.
La Corte IDH hizo lugar al reclamo formulado por la agrupación de víctimas y familiares Memoria Activa, con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El fallo obliga a la Argentina a formular “reformas estructurales sobre el uso de la información de inteligencia en las causas judiciales y sobre el acceso a la documentación”.
“Las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la investigación o procesos pendientes”, sostiene la sentencia.
El Estado resultó condenado por capítulos del fallo que avanzan sobre “la violación del derecho a la vida por la falta de prevención del atentado, por no investigar debidamente ni el atentado ni el encubrimiento, por violar el derecho a la verdad histórica y el derecho a la información, y por sus responsabilidades en el encubrimiento”.
El fallo ordena, además, que el Estado argentino “remueva todos los obstáculos para investigar el atentado y el encubrimiento en un plazo razonable”.
El Estado argentino deberá cumplir, también, con la “construcción de un archivo histórico público sobre el atentado, el encubrimiento y el rol de las asociaciones de víctimas”.
La Corte IDH afirmó que “el Estado vulneró el derecho de acceso a la información por no haber garantizado un acceso real a los archivos estatales con documentación sobre el atentado y el derecho a la verdad por haber encubierto el atentado y obstaculizado su investigación”.
“El Estado violó el derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas identificados en la sentencia”, amplía el texto.
La Argentina reconoció en octubre de 2022 su responsabilidad internacional por los hechos, en audiencias celebradas en Montevideo.
La Corte valoró ese reconocimiento y destacó que significó “una contribución positiva al desarrollo del proceso, a la vigencia de los principios que inspiran la Convención y a la satisfacción de las necesidades de reparación de las víctimas”.