Abogados vinculados a la defensa de los Derechos Humanos en lugares de encierro advirtieron sobre “el riesgo que corren los trabajadores del servicio penitenciario y los internos alojados en las cárceles bonaerenses”.
“Recordemos que la propia Suprema Corte sacó un fallo que prohíbe la sindicalización del Servicio Penitenciario Bonaerense, lo cual hace muy difícil sus posibilidades de reclamo de condiciones de trabajo dignas. Ni qué hablar de la situación de los privados de libertad en cuanto a sus condiciones higiénicas”, explicaron desde la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional en diálogo con este medio.
Y agregaron: “En ese marco y ante una presentación conjunta de la CPM, el CELS y la Subsecretaría de Política Criminal , la Suprema Corte resolvió algo obvio: que los juzgados y tribunales de instancia resolvieran cada caso individual agregando que se dieran prioridad a las situaciones de riesgo enmarcadas en las resoluciones del ministerio de salud al respecto”.
“A esto, debemos sumarle que la procuración dependiente de Conté Grand retiró a los procuradores y funcionarios que trabajan en las Unidades Penitenciarias realizando los escritos que demandan cuestiones básicas, con sueldos que superan las seis cifras”, señalaron .
Además, expresaron que “l a Campaña Nacional contra la Violencia Institucional viene buscando atender prioritariamente a casos de causas armadas (gente inocente que está presa porque le inventaron un delito o la imputan por un delito que no cometió, como el famoso caso Carreras que dió motivo a la película “el rati horror show”) y buscando que esperen sus juicios en sus casas, puesto que son inocentes hasta que llegue el juicio o se desarme el armado de causa”.
“La respuesta es fascinante”, ironizaron desde la entidad. Y aclararon: “Los juzgados y tribunales directamente no reciben los escritos por diferentes motivos, y confunden a la gente. Son familiares de escasos recursos y de barrios olvidados que se ven en la situación de pelearse con la policía porque los funcionarios ni siquiera dan la cara”.
“Como muestra de esta situación difundimos los vídeos que pudimos grabar este viernes, pero a los mismos le preceden muchas situaciones iguales (con distintos argumentos falaces)”, agregaron.
El Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de La Plata está presidido por Emir Caputo Tártara. “Habla de las garantías y su importancia, y en su trabajo se las pasa por sus partes íntimas (sin entrar en detalles de su salario como Juez que está encima de los 200 mil pesos y de que la titularidad de la cátedra no accedió por concurso)”, cuestionaron desde “La Campana”.
Y concluyeron: “El Poder Judicial no se hace responsable de esta crisis y pretende que las soluciones lluevan, y así va derecho a ser el responsable inmediato de un genocidio”.
También criticaron que se confirmara al jefe del Servicio Penitenciario, Xavier Areses, “a quien mantuvieron en su cargo a pesar de venir de la gestión de María Eugenia Vidal”, al encargado de política penitenciaria, Guillermo Moreno, y a su jefe de gabinete, Fernando Maitini.
Fuente: infoblancosobrenegro.com