El Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires resolvió otorgar el arresto domiciliario de las personas detenidas por la comisión de delitos leves y que se encuentren en situación de riesgo por edad o por patologías preexistentes. La medida alcanza también a mujeres embarazadas y madres con hijos menores.
En tanto, las personas que se encuentren en situación de riesgo pero imputadas o condenadas por la comisión de delitos graves, cada situación deberá ser analizada por parte del Juzgado o Tribunal a cuya disposición se encuentran. En cada caso deberá evaluarse la necesidad u oportunidad de disponer una medida de arresto domiciliario y, cuando corresponda, deberá resguardarse la integridad psicofísica de la víctima.
Asimismo, la resolución encomienda a los jueces de garantías, jueces correccionales y tribunales en lo criminal la evaluación de oficio de las prisiones preventivas de los imputados a su disposición, siempre considerando los intereses de las víctimas. También establece que los jueces de ejecución evalúen la necesidad de disponer, de manera extraordinaria y por única vez, el arresto domiciliario de personas detenidas que se encuentren en un plazo de seis meses anterior a alcanzar el extremo objetivo temporal previsto para obtener la libertad asistida o condicional.
En cuanto a las comisarías, reiteró y dispuso la prohibición de mantener alojadas allí a las personas mayores de sesenta y cinco años de edad.
La resolución fue adoptada en el marco de la acción de Habeas Corpus colectivo presentada por los defensores generales Omar Ozafrain, Cecilia Boeri, Gerardo Moreno, Karina Dib, Andrés Harfuch, Noemí Pérez, Mariano Bertelotti, Gustavo Linde, Daniel Arias Duval, Germán Bauche y Marcelo García. También en marco de otra acción presentada por el defensor oficial Germán Kiefl de Bahia Blanca. Los defensores denunciaban la ilegalidad e inconstitucionalidad de las condiciones en las que se cumplen los encierros, a título de prisión preventiva o de pena.
Esta disposición va en línea con la recomendación efectuada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 3 de abril, que reconoce la gravísima situación de las personas privadas de la libertad e insta a los Estados a reducir la superpoblación en los centros de detención, a los efectos de contener la pandemia, sea evaluando medidas alternativas o reexaminando las prisiones preventivas ya decretadas, dando prioridad a las personas en situación de riesgo.