Tanto la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional como la Unión de Empleados Judiciales de la Nación iniciaron acciones legales contra la nueva legislación de Impuesto a las Ganancias. Tras la promulgación de la Ley 27.743, las entidades se presentaron ante la Justicia Federal en defensa de sus agremiados.
Por un lado, el gremio representado por Julio Piumato inició una acción declarativa, planteando la inconstitucionalidad del artículo 81 de la Ley 27743. En razón de que la reforma al Impuesto a las Ganancias, propiciada en dicho artículo, causa un gravamen irreparable a los dependendientes del Poder Judicial de la Nación al incluir en la base imponible deducible del impuesto a los suplementos, las compensaciones y bonificaciones.
Por ello, a criterio de la entidad gremial, la intención de la norma es gravar cualquier tipo de concepto o beneficio no remuneratorio de forma ilegítima. En la causa, dirigida contra el Poder Ejecutivo Nacional y la AFIP, ya se habilitó la feria judicial y se encuentra próxima a inscribirse como proceso colectivo en el registro respectivo.
Además de la UEJN, la Asociación de Magistrados, con la firma de su titular, Andrés Basso, solicitó el dictado de una medida cautelar autónoma, a los fines de que se suspenda cualquier tipo de aplicación de Ganancias, a cualquiera empleado, funcionario o magistrado de la Justicia Nacional o Federal. La acción, interpuesta contra el Estado Nacional, el Consejo de la Magistratura, la Procuración y la Defensoría General, tiene como finalidad que se ordene a los organismos a que se abstengan de aplicar la Ley 27743 y resulta previa a la cuestión de fondo que se iniciará mediante una acción declarativa de inconstitucionalidad.
En sus fundamentos, la entidad sostiene que la norma menoscaba derechos adquiridos por sus representados instaurados en el “Protocolo de Procedimiento para la Retención de Impuesto a las Ganancias sobre las Remuneraciones de los Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Nación nombrados a partir de 2017”. En particular, el escrito esgrime que la norma supone una ilegítima abrogación de derechos de carácter alimentario que fueron legítimamente adquiridos por aquel protocolo.
Por otra parte, también iniciaron reclamos judiciales contra dicho tributo la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de Neuquén y la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires. El juez de feria en el fuero contencioso administrativo federal es Martín Cormick. Asimismo, los jueces/zas suplentes son Pablo Cayssials y Cecilia Gilardi Madariaga de Negre.