“No queremos asistir personalmente a las dependencias del Poder Judicial, no queremos ponernos en riesgo ni poner en riesgo a nadie (…) porque a diferencia de Usted, su Señoría, sus ingresos no se ven en detrimento por la crisis sanitaria, pero nuestra labor profesional, nuestros honorarios, nuestra fuente de trabajo, hoy se ve casi extinta”. Así de crudo y contundente es uno de los párrafos del documento que un colectivo de abogados de la provincia de Buenos Aires presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCBA).
En el escrito se plantean los problemas que tienen los abogados y abogadas para el ejercicio independiente de su profesión desde la puesta en marcha del aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus.
El Colectivo de Abogados Independientes de la provincia de Buenos Aires es una entidad en formación. Nació ante la necesidad de un grupo de profesionales de ser escuchado por las altas esferas del Poder Judicial. Mientras completan los trámites para su conformación legal, debutaron con un detallado documento que se transformó en parte de una amplia radiografía en la que se traslucen los problemas de abogadas y abogados en el actual marco de cuarentena.
Una de las caras visibles de este grupo es la abogada platense María Di Virgilio, quien trabaja en conjunto con más de 180 profesionales del Derecho en toda la provincia de Buenos Aires.
En el documento presentado ante la Corte los abogados dejan en claro que no quieren perjudicar a nadie en sus derechos, pero que ellos necesitan un servicio de justicia más ágil y expeditivo para poder dar respuestas a sus representados (justiciables) y percibir sus honorarios.
Una de las propuestas impulsadas es que “aquellos documentos que antes eran entregados en soporte papel luego de su confronte para la presentación en distintos organismos no dependientes del Poder Judicial o para ser diligenciados en extraña jurisdicción, se arbitren los convenios de colaboración electrónica necesarios, como se realizó oportunamente con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el Colegio de Escribanos provincial, el Registro de la Propiedad bonaerense y muchos otros, a los fines de digitalizar el envío y la recepción de los mismos, sea a cargo del Juzgado como si tuviere que ser a cargo de los letrados”, según se lee en el escrito.
El documento judicial cierra así: “Sabemos que el mismo personal que trabaja en la órbita del Poder Judicial, hace lo necesario y se encuentra superado de labor, pero necesitamos que esta situación no se retarde más porque nos afectará de un modo más profundo a todos, empleados judiciales, magistrados y funcionarios, profesionales del derecho, justiciables”.
Pero los reclamos también apuntan en otras direcciones. Trabajan en la reducción de aportes obligatorios a la Caja de Previsión Social para en un 50% del monto actual, al tiempo que solicitan subsidios a la misma entidad. También plantearon una quita del 50% en el pago de la matrícula al Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires.