“No pueden integrar el mismo Ministerio Público y deben tener autonomía funcional”, planteó la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires. Los defensores generales ya habían hecho saber de su pedido de independencia.
Otro sector del Poder Judicial apunta contra el jefe de los fiscales bonaerenses, Julio Conte Grand, quien luego del cambio de gobierno está quedando cada vez más solitario. Ahora, la Red de Jueces Penales de la provincia salió a reclamar, comunicado mediante, que los defensores oficiales consigan la independencia que marca la ley y salgan de la órbita de la Procuración.
El texto y la explicación de uno de los firmantes, basa su argumento en la necesidad de avanzar hacia “defensores públicos que no sólo patrocinen el acceso a la justicia, haciendo realidad la tutela judicial continua y efectiva de los carentes de recursos, sino también que ejerzan la defensa de los derechos fundamentales de las personas sometidas a proceso”.
En la presentación, firmada por los jueces Mario Caputo y Pedro Rodríguez, éste último integrante del Tribunal Oral Criminal Nº 4 de Morón, se hace referencia a la Ley 14.442, validada por la Suprema Corte de Justicia bonaerense mediante sentencia del 29 de mayo de 2019. Y afirman: “para la cabal realización del sistema acusatorio es preciso asegurar tanto el principio de imparcialidad del juzgador como la igualdad entre las partes”.
Allí radica la necesidad de separar a las partes, y que fiscales y defensores no estén bajo un mismo paraguas institucional, más aún cuando existen conflictos como los que se están viviendo en la actualidad tras el fallo que habilita las prisiones domiciliarias de condenados por diversos delitos en medio de la pandemia de coronavirus.
“Es importante apuntar a la independencia de la defensa pública, que no puede estar encolumnada en el mismo organismo que agrupa a los fiscales. No pueden tener el mismo jefe, idéntica jefatura y organización. Deben tener independencia funcional, algo que está sostenido incluso por la Constitución”, explicó el juez Rodríguez en conversación con este medio.
La semana pasada, el Tribunal de Casación Penal medió entre el pedido hecho por los defensores generales de varios departamentos judiciales de la provincia, quienes interpusieron un hábeas corpus colectivo denunciando la ilegalidad e inconstitucionalidad de las condiciones en las que se cumplen los encierros, a título de prisión preventiva o de pena.
Puntualmente, denunciaron “las condiciones de hacinamiento e inhabilitabilidad de las dependencias penitenciarias y policiales”, a lo que ahora se suma la situación de emergencia suscitada por la pandemia generada por el coronavirus. Eso dio lugar a cerca de 700 arrestos domiciliarios, a los que el procurador Julio Conte Grand se opuso abiertamente. Una vez más, desde un mismo ámbito, defensores oficiales y jefe de fiscales yendo por veredas opuestas.
Fuente: Primer Plano On Line