La Red de Jueces Penales Bonaerenses fijo posición acerca de la baja en la edad de imputabilidad y el proyecto del Ejecutivo Nacional. Se mostraron en contra de la medida en un crítico documento firmado por la presidente, María Jose Lescano y el secretario, Julio Andrés Grassi. El texto refleja con claridad el diagnóstico de crisis que atraviesa el sistema judicial desde hace años por falta de medidas de fondo.
“…Comenzado el tratamiento legislativo del proyecto del Poder Ejecutivo Nacional que propicia la baja de la edad de la imputabilidad de los menores de edad La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires estima necesario expresar lo siguiente:
El poder ejecutivo ha puesto en discusión un proyecto regresivo en materia de derecho penal juvenil expandiendo el sistema de la pena que hoy se inicia a los 16 años a otro que llevaría la aplicación de la pena desde los 13.
Todos los que trabajamos diariamente en causas penales conocemos la precaria y violenta respuesta penal del Estado. Aunque salten voces ocasionales que critican una supuesta “puerta giratoria”, la provincia de Buenos Aires viene incrementando la cantidad de personas detenidas de manera exponencial. Basta pensar que en el 2013 el informe del registro provincial era de 31621 personas y en el último publicado (2022) es de 59372.
Literalmente no hay a dónde meter gente presa (¿containers? ¿Y después?). A pesar de que se siguen creando espacios de detención, cada día hay más detenidos/as, lo que significa personas durmiendo en el piso, a veces sin baños, sin atención médica, o alimentación insuficiente. Quienes trabajamos somos responsables de la prisión en la provincia de los que hoy son más de 60.000 personas y sabemos que la solución propuesta, será más de lo mismo.
Hemos visto este tipo de película muchas veces. No podrá ser distinto en un contexto de nula inversión de recursos en políticas públicas para la reconfiguración del sistema de infancia orientado a la promoción y de protección integral de derechos, respetuoso de nuestra Constitución. La reforma que se propone es negativa también desde el punto de vista cualitativo: no solo habrá más penas, habrá también niños presos, pronto veremos en institutos y centros de contención a chicos y chicas de 13 o 14 años tras las rejas.
Basta pensar en el modelo de seguridad propuesto por el ejecutivo, inspirado en un país que vivía sometido a una violencia y descontrol que nada tiene que ver con nuestra realidad. La respuesta en El Salvador ha sido la suspensión de las garantías constitucionales y una ratio de personas presas que lo pone en el primer lugar mundial (1086 cada 100.000, casi 300 más que el segundo), con cientos de personas muertas en contexto de encierro, la detención arbitraria de miles de menores de edad y denuncias de tortura en calabozos.
¿No sería mejor presentar a la sociedad concretas políticas públicas de Infancia y Adolescencia, a los fines de abordar los conflictos sociales que involucran a los jóvenes? ¿Cuál es, por ejemplo, el programa alimentario que implementa el Estado para satisfacer las necesidades más elementales de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país? ¿Cuáles son los índices de deserción escolar y cuáles son las medidas propuestas para promover su inserción en el sistema educativo? ¿Cuáles son las políticas de salud tendientes a tratar de manera efectiva las situaciones de consumo problemático de sustancias tóxicas en los niños y jóvenes? ¿Existen suficientes comunidades terapéuticas para afrontar esta creciente problemática? ¿Cuáles son los programas de acompañamiento desplegados de manera continua y efectiva a través de los Servicios Locales o Zonales de Promoción y de Protección de Derechos que permitan garantizar la escucha de los niños, niñas y adolescentes?.
Las estadísticas de comisión de delitos por parte de menores de edad, no justifican -en modo alguno- esta modificación legal que aparece como respuesta a hechos aislados de conmoción pública que alimentan, como siempre ocurre, una respuesta espasmódica y punitivista. El informe elaborado por las Direcciones de Producción de Información y de Responsabilidad Penal Juvenil de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y DDHH de la Provincia de Buenos Aires, surge que: El 2.2 % del total de los delitos denunciados en PBA durante 2023 le fue imputado a personas menores de edad. Ese mismo valor en el año 2012 era del 4.3%. Este porcentaje viene con una tendencia decreciente a lo largo de la última década, lapso en el cual su promedio fue del 3%. La tasa de denuncias a adolescentes decrece en PBA mientras aumenta la población bonaerense. Pasa de 183.5 (denuncia/100.000 hab.) en 2012 a 132,8 en 2023. La participación de personas menores de edad en homicidios consumados también registra una tendencia descendente. Mientras que en 2014 se denunció la participación de personas menores de edad en 149 homicidios consumados, en 2022 fueron 61 los hechos de estas características con imputados menores de edad. También disminuyó la cantidad de menores de 16 años —no punibles según la ley vigente— privados de la libertad por homicidios (medidas de seguridad): 77 en 2014 y 29 en 2022. Por lo demás, el 2.8% del total de las personas que ingresaron a las cárceles bonaerenses entre 2015 y 2023 registraban un paso anterior por dispositivos del sistema de responsabilidad penal juvenil.
Abordar un tema tan delicado como es la reducción de la edad de punibilidad con relación a personas vulnerables, quienes por su inmadurez todavía están en plena etapa de crecimiento y evolución personal, no puede realizarse de manera simplista, sin tener en cuenta la necesidad de contar con una legislación racional que sea el producto de una política pública integral, capaz de dirimir los casos de delincuencia juvenil, con enfoque de derechos, conforme prevé la Convención sobre los Derechos del Niño; y no adoptando posturas regresivas que no solo carecen de bases sólidas desde sus fundamentos principistas y estadísticos, sino que harán incurrir a la República Argentina en responsabilidad internacional.
Por todo lo expuesto, desde La Red de Jueces Penales Bonaerenses creemos que –para afrontar con eficacia, sin desmedro de garantías, el acuciante problema de la inseguridad–, no debe invertirse el orden de los factores. Ampliar la red penal para castigar a niño y niñas, no debería concebirse como la primera y principal decisión política en la materia. No existen caminos cortos para responder verdaderamente a las sentidas demandas ciudadanas de paz social.
En lo que hace a los derechos de los niños, niñas y adolescentes no hay posibilidad de tener un doble estándar: el recurso a la pena juvenil solo debe ser la respuesta mínima y subsidiaria a una sólida y verdadera política de promoción y protección integral de derechos. Este debería ser el desafío de nuestros representantes y dirigentes políticos. De lo contrario, flaco favor haremos restringiendo o limitando inadecuadamente los ámbitos de libertad de las personas que, ciertamente, son las más desprotegidas y postergadas de nuestra comunidad.
En un país con un índice de pobreza en alza, con las redes de contención diezmadas, la reforma cerrará el círculo con un cerrojo de más represión y niños y niñas encarceladas”; finaliza el documento.