La defensa del prefecto mayor Gabriel Bergonzi, imputado por el encubrimiento de Federico Rey, el preso abatido en el motín de Florencio Varela; solicitó la excarcelación mediante un recurso en las últimas horas. El requerimiento fue elevado por el letrado particular, Gastón Leandro Jesser. Vale recordar que los tres penitenciarios procesados fueron indagados el miércoles por la fiscal a cargo de la investigación en la sede judicial de la Avenida Presidente Perón.
En diálogo con Data Judicial el doctor Jesser explicó que “en principio solicitamos la excarcelación, en función de ello se lo solicitamos al juez de Garantías porque no existe ningún riesgo procesal, siempre estuvo ajustado a derecho, no tiene antecedentes, es importante que se considere que aguarde el desarrollo del proceso en libertad. Ahora aguardamos la resolución”, indicó.
En torno a la linea de estrategia señaló que “pensamos que no es pertinente que declare Bergonzi, reitero su buen desempeño como miembro de la fuerza de seguridad y en mi escrito referí a la sugerencia de la Casación del uso racional de la prisión preventiva y estamos a la espera del resolutorio”.
El crimen de Rey fue cometido el miércoles de la semana pasada, durante una serie de incidentes registrados en la Unidad Penal 23 de Florencio Varela, donde se llevaba a cabo un reclamo de prisiones domiciliarias ante la pandemia de coronavirus.
Tras horas de negociación, los guardias intervinieron y se originó un enfrentamiento que culminó con Rey fallecido y con 40 presos y 15 agentes del SPB heridos leves, según se informó oficialmente.
Respecto a los incidentes, los investigadores aseguraron que el momento de mayor tensión fue cuando los presos mantenían sobre los techos del penal a algunos detenidos por causas de violación y amenazaban con tirarlos al vacío.
La situación volvió a la normalidad luego de la conformación de una mesa de mediación entre las autoridades judiciales, penitenciarias y de la Comisión Provincial por la Memoria con referentes de los distintos pabellones.
Si bien inicialmente la muerte del preso fue atribuida a una pelea a puñaladas entre presos, mediante la autopsia se estableció que había sido asesinado por disparos con posta de plomo realizados con una escopeta calibre 12/70 cuando estaba en el techo del pabellón 6 de dicha unidad.
Durante la pesquisa a cargo de la fiscal Roxana Giménez y el ayudante fiscal Cristian Granados se obtuvo el testimonio de una agente que fue considerado clave ya que aseguró haber entregado un envoltorio con tres cartuchos servidos de postas de guerra de color rojo que habían sido encontrados en el muro perimetral de la cárcel, entre los puestos de guardias 2 y 3.
En su declaración, la funcionaria penitenciaria explicó que esas vainas se las había entregado un oficial superior para que las guarde y luego las descartara. Ese testimonio, más el de otros agentes e internos orientaron la causa y derivaron en los pedidos de arresto.