Durante la sexta sesión ordinaria del año, la Cámara de Diputados bonaerense aprobó el proyecto de ley del diputado del bloque Acuerdo Cívico UCR-GEN, Julio Pasqualín, que tiene el objetivo de agilizar la comunicación entre los fueros de familia, paz, penal y responsabilidad penal juvenil en casos de violencia familiar.
La iniciativa propone modificar el artículo 6 de la ley 12.569 de protección sobre la violencia familiar, para establecer en carácter de obligatorio que estos juzgados comuniquen los actos que sucedan en su fuero a los que tengan expedientes en trámite, para asegurar el derecho a la “tutela judicial efectiva”.
“La escaza comunicación entre los fueros es un problema grave. Ocurren situaciones en las cuales no se establecen con claridad cual son las causas previas de algún agresor, en las que se contraponen medidas entre uno y otro juzgado”, sostuvo Pasqualin durante su discurso en el recinto de la Cámara de Diputados.
En detalle, el legislador bonaerense del radicalismo consideró que, en la actualidad, la situación de niños, niñas y adolescentes es “compleja y dolorosa”. “En los últimos cinco años ha crecido el consumo de medicamentos que regulan los estados de depresión y ansiedad, en muchos casos productos de la violencia intrafamiliar”, añadió.
“En los sectores vulnerables hay un millón de chicos que se acuestan con hambre. Si a esto le sumamos los consumos problemáticos, la ludopatía infantil, hacen un combo en el que debiéramos tener mayor consideración. Paradójicamente, desde muchos sectores impulsan luego la baja de imputabilidad sin atender estas cuestiones”, dijo el legislador.
Cabe destacar que, el proyecto de ley del diputado de la Segunda sección electoral tuvo media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense luego de haber sido aprobado con modificaciones en las comisiones de Niñez, de Reforma Política, de Legislación General y de Asuntos Constitucionales.
En los fundamentos de su iniciativa, el diputado del bloque Acuerdo Cívico UCR-GEN indicó que la modificación de la ley 12.569 “avanza sobre el concepto de grupo familiar”, puesto que valida al matrimonio, pero también las uniones de hecho e incluye a los ascendientes, descendientes y/o consanguíneos y convivientes.
“El Juez que recibe la denuncia deberá ordenar, con el fin de evitar la repetición del acto de violencia, la exclusión del presunto autor de la vivienda donde habita el grupo familiar, prohibir el acceso del presunto autor al domicilio del damnificado como a los lugares de trabajo, estudio o esparcimiento del afectado”, concluyó Pasqualin.
Cabe destacar que, el legislador presentó días atrás un proyecto de reforma a la ley provincial N° 14.580 para obligar Gobierno a formular un plan de salud mental que se enfoque en la prevención de los suicidios y los consumos problemáticos, una iniciativa vinculada a la violencia familiar.
La normativa que pretende modificar el legislador Julio Pasqualin adhiere a la ley nacional de salud mental, N° 26.657, que fue sancionada el 25 de noviembre de 2010, ya hace más de una década, y que intentó modificar, sin éxito, la administración de Javier Milei, como parte de sus naufragios en el Congreso.
El proyecto del diputado bonaerense del radicalismo busca garantizar que la Provincia de Buenos Aires cuente “en todo momento” con un plan de salud mental enfocado en combatir el flagelo de los suicidios y de los consumos problemáticos y, al mismo tiempo, establecer que la duración del mismo sea de seis años.