El Gobierno reglamentará el arancelamiento para los extranjeros no residentes que asistan a las universidades públicas, en medio del conflicto presupuestario universitario, que derivó en el veto presidencial de la Ley de Financiamiento Universitario que garantizaba los fondos para las casas de altos estudios y tras la multitudinaria Marcha Federal Universitaria.
La medida, que sería oficializada en las próximas horas a través del Ministro de Desregulación y Transformación del Estado al mando de Federico Sturzenegger, modificaría la Ley de Educación Superior para que cada universidad pública pueda cobrar a extranjeros por estudiar. Hasta el momento, la posibilidad de arancelar las casas de altos estudios está prohibida en el país.
La iniciativa, que estaba contenida en la primera versión de la Ley Bases, proponía cambios en la enseñanza obligatoria y superior, diseñadas por las carteras de Educación y de Modernización del Estado. Uno de los puntos que proponía la normativa era la de implementación de aranceles para todos aquellos extranjeros que, sin residencia ni radicación, quieran estudiar alguna carrera de estudio superior (universitarios y terciarios).
La propuesta abarcaba a las instituciones de «educación superior de gestión estatal» y a universidades nacionales, y dejaba afuera del arancelamiento a los argentinos nativos y a los extranjeros con residencia en el país. Además, modificab los criterios para distribuir los recursos presupuestarios en relación a la cantidad de alumnos que asisten a las universidades y sus egresos.
Los cambios que propone el Ejecutivo serían presentados en un proyecto de ley que, eventualmente, debería aprobar el Congreso para que sea efectivizado, dado que actualmente el cobro de un arancel está prohibido por Ley Nº 24.521: «Los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos».