La nueva reglamentación comenzó a regir en la administración pública centralizada, mientras que el 1 de diciembre se aplicará a la descentralizada. Se utiliza en ciertos casos donde un ciudadano ya cumple con todos los requisitos formales de un trámite reglado, la falta de respuesta por parte de la administración tras 60 días se considerará una aprobación automática.
La normativa, elaborada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzábal Murphy, había sido aprobada durante el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso. Desde entonces se modificó la norma que rige los procedimientos administrativos en el Estado, tanto en su faceta centralizada como descentralizada.
En el caso de áreas críticas como salud pública, medio ambiente y servicios públicos, donde el impacto social y ambiental requiere un control exhaustivo, el silencio positivo no será aplicable, garantizando así que la administración no delegue su responsabilidad de revisión en sectores de alta sensibilidad.
El silencio administrativo positivo se aplicará a trámites que cumplan con condiciones específicas: deben ser procedimientos reglados, con requisitos objetivos y sin margen para la discrecionalidad administrativa. Entre los ejemplos de este tipo de trámites figuran el alta en registros de actores de doblaje o la autorización para el uso de la Marca País en actividades comerciales y de promoción. En estos casos, si la administración no emite una respuesta en el plazo de 60 días y el solicitante cumple con los requisitos formales, su solicitud será aprobada de manera automática.
