La Comisión Provincial por la Memoria, en su carácter de Mecanismo local de prevención de la tortura, solicitó al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires un informe sobre el protocolo por Covid-19 desplegado en la comisaría 3ª de Avellaneda-Dock Sud y pidió intervención al Ministerio de Salud. Las presentaciones se hicieron después de que el organismo confirmara que dos detenidos alojados en esa dependencia dieron positivo ante un test de Covid-19. De acuerdo a lo publicado en distintos medios de comunicación, el ingreso de uno de los detenidos fue inmediatamente antes del test, pero la otra persona hacía varios días que estaba en la comisaría.
En la prensa también se describía que la seccional cuenta con cuatro calabozos, pero funcionan tres en los que se encontraban 30 personas. Según datos del Centro de Operaciones Policiales (COP) dependiente del Ministerio de Seguridad, el cupo del lugar es de 12 personas.
El organismo además pidió que se investigue la supuesta orden a los agentes de continuar con las recorridas y actividades de rutina y realizó presentaciones ante el Comité Departamental y a Auditoría de Asuntos Internos para que les remitan un informe detallado. Solicitaron también la intervención del Ministerio de Salud de la Provincia para garantizar que se extremen las medidas de prevención y se realice una atención integral de las personas detenidas “primando en este caso una perspectiva sanitarista por sobre la de seguridad ya que los hechos aquí descritos afectan a toda la comunidad”.
De acuerdo a lo relevado por la CPM, “es habitual que la capacidad de la comisaría sea ampliamente superada. Entre febrero y abril, por ejemplo, el número de personas alojadas siempre superó la veintena y en los partes del 2019, con excepción de diciembre (cuando se encontraban 21 personas), se duplicó y, en algunos casos, se triplicó la capacidad prevista. Además numerosas resoluciones judiciales subrayaban la prohibición de superar la cantidad asignada por el cupo del lugar y tanto defensores como fiscales habían denunciado repetidas veces el hacinamiento”.
La última semana el organismo también presentó un habeas corpus colectivo por las graves condiciones de detención de la comisaría 5ª de Quilmes donde detectaron una sobrepoblación del 500% y pidieron su clausura.