El ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense Julio Alak participó ayer por la tarde de una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penitenciarios de la Cámara de Diputados, que presiden por los legisladores del Frente de Todos, Susana González y Jorge D’Onofrio.
Por el contagio del legislador Alex Campbell y el temor de que se desencadene un foco de contagios en el parlamento provincial, el encuentro fue 100% virtual, tal como lo dispusieron las autoridades. La reunión, justamente, la abrió el presidente del cuerpo Federico Otermín.
“Decidimos diagramar una agenda exclusivamente virtual para preservar al personal de cámara, legislativo y diputados, y ante el pico de contagios. Ayer recibimos la presencia de Simone, y Mara Ruiz Malec también lo hará. Nos tenemos que acostumbrar a esto”, sostuvo el lomense.
En tanto, la moderadora fue González quien le dio paso a la exposición del ministro Alak, quien repasó la “herencia” recibida el 12 de diciembre, la respuesta de la cartera ante la pandemia y esbozó los desafíos en la agenda post pandemia. Luego se abrió una ronda de preguntas.
“El Servicio Penitenciario Bonaerense se convirtió en el único condenado por los organismo internacionales por la situación de crisis humanitaria. La situación que encontramos, y no para echarle la culpa al gobierno anterior sino que es una deuda de la democracia, es catastrófica”, arrancó Alak.
En cuanto a los números heredados el ministro precisó que “el 12 de diciembre teníamos 51.725 internos y 24.000 plazas, es decir que la superpoblación alcanzaba el 120% y hacía 8 meses que no se les pagaba a los proveedores de alimentos y medicamentos, con una deuda total de 1.830 millones de pesos”.
“La sobrepoblación era la más alta de la historia de la provincia. Eso generó una huelga de hambre que comenzó antes de nuestro Gobierno, que alcanzó 11 mil internos en las 63 unidades penitenciarias de la provincia, entre alcaldías y cárceles”, añadió Alak.
De esta manera, el funcionario precisó que “entre 2005 a 2019 (mandato de María Eugenia Vidal) la superpoblación creció 4.000 internos por año, es decir que se sumaron 16 mil internos a las cárceles pero nada más se construyeron 1.0501 plazas”.
En cuanto a la falta de remedios que se agravó en los últimos cuatro años, Alak señaló que “el estado de salud de los internos se agravó, sólo teníamos 1.130 historias clínicas cuando había más de 4.000 internos enfermos”. El ministro también trató la situación de los agentes penitenciarios.
“En la provincia teníamos casi 52 mil internos y 24.000 penitenciarios, cuando en realidad tiene que ser una relación de 1 a 1. Otro aspecto a destacar es que a partir de la mesa de diálogo bajo que requirió la Corte Suprema la violencia en las cárceles casi un 20%”, dijo.
En la segunda parte de su exposición Alak hizo foco en la respuesta de la cartera a la pandemia de coronavirus. “El cierre de visitas se logró de manera consensuada y resultó bien, después se habilitó que el uso los celulares, que se registró un caso problemático que fue el de la diputada Carolina Píparo”, detalló.
“Eso llevó la necesidad de registrar los celulares, ya se formalizaron 22.000. El desafío de lograr que la población no se contagie se logró sortear bastante bien, entre otras medidas se logró hacer la conexión integral de las unidades con la red de internet, tenemos las 58 cárceles y las 6 alcaldías restantes conectadas”, añadió.
Asimismo, Alak marcó que “también tenemos los informes criminológicos al día, que estaban atrasados y hoy los llamados informes de solvencia o ambiental del interno para que el sistema judicial pueda tomar decisiones los tenemos al día y eso es importante”.
Desafíos
El funcionario bonaerense marcó tres ejes centrales: lograr contacto con la familia, un cambio de paradigma para que baje la reincidencia (que oscila en la provincia entre 60 y 70%), conseguir que la población penitenciaria termine los estudios primarios, secundarios o universitarios y que se capaciten en oficios.
En esa línea, comunicó el trabajo de la Mesa de inclusión social que se encuentra trabajando en el programa “Más trabajo menos reincidencia” y les pidió a los legisladores que escuchaban del otro lado de la pantalla que cuando se termine de diseñar se le dé “formato legislativo”.
Sobre esto marcó que el Patronato de Liberados “es insuficientes, y hay que rehacerlo, refundarlo”. “Vamos a pedir una nueva ley del Patronato para trabajar en reducir la reincidencia porque el organismo ya no puede dedicarse sólo a controlar”, precisó.
Otro objetivo que marcó es reducir la cantidad de detenidos en las comisarías y para eso, señaló, “es necesario trabajar con todos los intendentes”. “Nos llamó la atención la buena recepción de los jefes comunales del trabajo Más trabajo menos reincidencia”, señaló Alak.
El ministro bonaerense también anticipó que busca “trabajar juntos” con los diputados para “animarnos a hacer un nuevo código procesal en la provincia”, la llamada Ley de Víctimas, “que se ajuste a los tratados, la constitución y ponga un equilibrio en el sistema”.
“Lo ideal es que la prisión preventiva no supere el 20%, acá estamos en el 50%, es decir que tenemos 19.700 internos que no sabemos si son culpables o no y muchos que cometieron delitos sin víctimas, hay 5.800 internos procesados por consumo de estupefacientes. Pensamos que eso también lo puede trabajar la Legislatura”, sostuvo.
“Todos estamos de acuerdo que tiene que haber una Ley de Víctimas en la provincia que vaya de la mano de esta modesta reforma del Código Procesal Penal para empezar a construir consensos. Hicimos coincidir esta reunión con la recreación del Consejo de Víctimas”, cerró.