El juez Ariel Lijo cuestionó los recortes del Gobierno en áreas de Derechos Humanos y ordenó proteger los sitios de memoria que vieron afectado su funcionamiento tras el ajuste oficial.
El magistrado hizo lugar a un pedido de la legisladora de Unión por la Patria, Victoria Montenegro, y en un escrito dirigido al secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, solicitó que se tomen las medidas necesarias para mantener el funcionamiento de cuatro espacios donde funcionaron centros de detención clandestinos durante la última dictadura cívico militar.
“Requiérase a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se arbitren los medios necesarios con el objeto de garantizar una dotación de personal capacitado para que los espacios de Memoria en que funcionan en los ex CCDT [Centros de detención y tortura] “Olimpo”, “Club Atlético”, “Automotores Orletti”, y “Virrey Cevallos” permanezcan en funcionamiento para las actividades que se encuentren abiertas al público en dichos sitios, como así también para que se lleven a cabo las tareas de mantenimiento, conservación, preservación del edificio y de limpieza diaria – necesarias para las visitas- y de los techos y las canaletas para evitar inundaciones que puedan dañar los espacios”, indicó Lijo.
A comienzo de año, Montenegro había denunciado a distintos funcionarios por el desmantelamiento de áreas de DDHH.
“Presenté una denuncia penal contra el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona y el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, por el desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos. No vamos a permitir el atropello a los trabajadores ni la destrucción de las políticas públicas que nos han convertido en un ejemplo mundial”, señaló.
