El ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, se ha convertido en el centro de atención tras sus declaraciones acerca de una inminente reforma penal. En lo que él mismo definió como “un cambio necesario”, el ministro arremetió contra las políticas de género y diversidad que se han implementado en años recientes, haciendo énfasis en la supuesta desigualdad que generan estas leyes.
Durante una intervención pública, Cuneo Libarona no sólo ratificó la intención del Gobierno de eliminar la figura del femicidio del Codigo Penal, sino que también reveló un aspecto crucial: la percepción de que la sociedad debe proteger principalmente a los vulnerables, que a su juicio, son los niños, las personas mayores y el núcleo familiar, obviando otras realidades sociales reconocidas en las últimas décadas.
El ministro no dudó en referirse a las políticas de género como “una joda”, palabras que ahora resuenan con fuerza mientras se discute lo que él llama “el fin del delirio”. Según sus palabras, “se acabó la puerta giratoria”, y es momento de abogar por lo que considera auténticos valores jurídicos, tales como la vida, la propiedad y la libertad. Estas declaraciones generaron controversia inmediatamente, sobre todo entre las organizaciones defensoras de derechos humanos.
Uno de los puntos más críticos de su exposición fue su afirmación sobre las denuncias falsas por violencia de género. Para el ministro, estas generan un daño incalculable en los imputados, como la pérdida del trabajo y el alejamiento social, en ocasiones destruyendo familias. Sin embargo, su análisis parece omitir las estadísticas y el peso histórico que conlleva la tipificación de delitos como el femicidio, una figura jurídica cuya función ha sido, históricamente, visibilizar y minimizar la violencia contra las mujeres.
Cúneo Libarona también anunció su intención de reformar la ley para regular el cambio de identidad de género dentro de las cárceles, asegurando que se trata de “un festival” que beneficia a los presos. Estas declaraciones han generado críticas y preocupaciones dentro de las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de la comunidad LGBTQ+.
En contraposición, el dirigente mantiene firme su postura, asegurando que está cumpliendo con las exigencias de Javier Milei, presidente de la nación, quien le encomendó la tarea de trabajar por la “división de poderes, independencia judicial, y la protección del individuo, la familia y la sociedad”.
