Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola apelaron la decisión del Tribunal Oral Federal N° 2 que le otorgó prisión domiciliaria a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y solicitaron que la pena se cumpla en una unidad penitenciaria.
En un escrito presentado ayer los fiscales calificaron la medida como un “privilegio indebido” y cuestionaron con dureza a los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, quienes autorizaron que la condena de seis años por la causa Vialidad se cumpla en el domicilio de la calle San José al 1100, en el barrio porteño de Constitución.
La apelación será revisada por la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes convocaron a una audiencia para el próximo 7 de julio.
Ese día escucharán tanto a la fiscalía como a la defensa de la ex mandataria, encabezada por el abogado Alberto Beraldi, que a su vez presentó un recurso para solicitar que se flexibilicen las condiciones del arresto domiciliario.
Según Luciani y Mola, permitir que la ex presidenta permanezca en su casa con tobillera electrónica “es un desatino más de los tantos desaciertos que ha llevado adelante el tribunal”, y representa “un estado de marcada, extendida y subsistente ilegalidad, con entidad para tornarse irreversible”.
En su presentación, los fiscales también argumentaron que la pena debe cumplirse en un penal, porque solo en ese ámbito puede garantizarse “la función resocializadora de la pena”. Afirmaron que “hay que lograr que la persona condenada internalice y adquiera la capacidad de comprender la gravedad del daño ocasionado”, y se preguntaron: “¿Qué expectativas reales de resocialización, readaptación o reinserción pueden esperarse, a la luz de los acontecimientos públicos y notorios (tumultos y afrentas a la jurisdicción perpetradas, incluso, por la propia persona condenada)?”.
Además, advirtieron que de mantenerse la actual modalidad de cumplimiento, la ex presidenta podría continuar en su domicilio hasta el vencimiento de la pena, previsto para el 16 de junio de 2031.
La discusión judicial ahora quedó en manos de la Cámara de Casación, que deberá resolver si Cristina Fernández continúa en su departamento con arresto domiciliario o si es trasladada a una unidad penitenciaria.
