El fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata (TOFMDP), Juan Manuel Pettigiani, denunció al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cuneo Libarona, por incumplimiento de sus deberes en la implementación del sistema acusatorio en la jurisdicción de la Cámara Federal local. La presentación advierte que la falta de designación de fiscales y la ausencia de recursos afectan el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal (MPF) y ponen en riesgo garantías constitucionales.
Según la denuncia, el Ministerio de Justicia estaría aplicando un proceso de vaciamiento del MPF, replicando estrategias utilizadas en otros organismos de control. La presentación hace hincapié en la independencia del MPF establecida en la Constitución Nacional y señala que las decisiones del ministro atentan contra ese principio.
Uno de los puntos centrales es la falta de nombramientos y presupuesto para la implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF). En su escrito, Pettigiani destaca que esta situación genera un debilitamiento institucional que impide al MPF desempeñar su rol con eficacia, favoreciendo el avance del crimen organizado y reduciendo la capacidad del organismo para investigar el poder político y económico.
Además, la denuncia subraya antecedentes en otras jurisdicciones, como Santa Fe, Mendoza y General Roca, donde el CPPF se puso en marcha sin la designación formal de fiscales y con reasignaciones de personal sin respaldo presupuestario suficiente, generando dificultades en su aplicación.
Otro aspecto señalado es la reducción presupuestaria prevista para 2025, que implica un recorte del 23,3% respecto de lo ejecutado en 2024. Según la denuncia, esta disminución de fondos agravará aún más la crisis en Mar del Plata, donde la implementación del sistema acusatorio ya enfrenta serios obstáculos.
En este contexto, Pettigiani solicitó que se investigue la conducta del ministro y reclamó que, hasta que se garanticen los recursos y las designaciones necesarias, se suspenda la puesta en marcha del sistema en la jurisdicción de Mar del Plata. Como respaldo, incluyó un análisis sobre la implementación del CPPF y referencias a debates de la Convención Constituyente de 1994 para argumentar que las políticas actuales del Ministerio de Justicia afectan la independencia del MPF.
