La senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, Juliana Di Tullio, se presentó ante la Justicia Federal para constituirse como Amicus Curiae de la medida cautelar presentada por el abogado querellante Pablo Llonto, de la megacausa ESMA.
A fines de enero, autoridades de la Marina ordenaron “depurar” y “triturar” documentos preservados en el Archivo General de la Armada, lo que generó preocupación por parte de organismos de Derechos Humanos y archivistas, ya que los documentos del Archivo son de gran importancia para los juicios de Lesa Humanidad.
A través de una Resolución Reservada, la Marina dispuso la “depuración/selección de la documentación existente en el Archivo General de la Armada”. Esta medida, se da en el marco del traslado del mobiliario y los archivos a lo que se conoce como Garage Central, ubicado en la zona de Retiro, según publicó Página 12.
Entre los documentos se encuentran legajos personales, partes informativos, memorias anuales, expedientes de “Justicia Militar”, “documentación histórica” sin especificar, y partidas de nacimiento, casamiento y defunción.
Al respecto, la legisladora de Unión por la Patria aseguró que “el intento de triturar 100 años de un plumazo alarma a nuestra sociedad y puede obstaculizar las investigaciones judiciales vigentes”.
“Esta decisión podría comprometer documentos vinculados no solo a la última dictadura militar, sino también a las causas del hundimiento del Submarino ARA San Juan o al espionaje ilegal practicado a los familiares de las víctimas”, detalló la senadora que sostiene en su escrito que uno de los destinatarios de la orden de traslado es el contralmirante Enrique Antonio Balbi, quien ofició como ‘Vocero’ de la Armada Argentina durante la crisis político-militar derivada del hundimiento del Submarino ARA San Juan.
Según la Corte Suprema de Justicia, el Amicus Curiae (“amigo del tribunal”) es un instrumento que tiene por objetivo permitir la participación ciudadana en la administración de justicia en causas de trascendencia colectiva a fin de resguardar el más amplio debate como garantía esencial del sistema republicano democrático.
