Días atrás e conoció un fallo judicial en el que ordena el Gobierno de Axel Kicillof a responder un pedido de declarar a la Justicia como un servicio esencial. La solicitud fue realizada en abril por el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y hasta el momento no fue respondida por las autoridades. La presentación del Colproba busca que puedan los profesionales desarrollar sus tareas profesionales.
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de La Plata, a cargo del juez Francisco José Terrier, dio lugar al planteo realizado por la entidad que nuclea a los letrados bonaerenses. En el fallo señaló: “Admitir parcialmente la acción de amparo por mora deducida en autos, ordenando al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires que despache la nota presentada por la entidad colegial en fecha 14 de abril del 2020, en cuanto a la pretensión de declarar a la Justicia como una actividad esencial, a cuyos efectos se le confiere un plazo perentorio de veinte (20) días, computados a partir de la notificación del presente”.
La idea era “Permitir con el resguardo del caso la atención de las causas y el mpulso de las mismas, que hoy está severamente restringido” y la posibilidad de que los abogados puedan “acudir a sus estudios para hacerse de material de trabajo, documentación, compulsa de expedientes y material doctrinario”, según indicó Diego Isabella, vicepresidente del Colegio.
El Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires había solicitado en abril al Gobierno que se declare a la Justicia como servicio esencial y así permitir la habilitación de la actividad con los resguardos pertinentes en medio de la pandemia de coronavirus. No obstante, el Poder Ejecutivo no respondió a la requisitoria y los letrados presentaron un amparo por mora ante en los tribunales.
Ahora, el juez Terrier falló “admitir parcialmente la acción de amparo por mora” y entonces le ordenó a la Provincia que se expida en torno al pedido en un plazo de 20 días desde la notificación del fallo. De esta manera, obliga a tomar una postura por la positiva o negativa a las autoridades provinciales. Los profesionales fundamentaron el pedido para poder llevar a cabo la atención de las causas y el impulso de las mismas, la posibilidad de que los abogados puedan concurrir a los estudios para hacerse de material de trabajo, y la posibilidad de atender de manera individual a los clientes, entre otros aspectos. Incluso, hasta propusieron un protocolo de actuación, pero no obtuvieron precisiones.