El juez federal Luis Armella decidió archivar la investigación sobre el rol que jugó el Servicio Penitenciario Federal (SPF) durante la visita al penal de Ezeiza de diputados oficialistas a genocidas el año pasado.
Lo hizo luego de que la fiscalía, a cargo de Sergio Mola, indicara que no encontró ningún ilícito.
“Lo concreto es que se trató de un grupo de representantes de uno de los poderes del Estado que, al presentarse en el Complejo Penitenciario Federal VII, expresaron que concurrían a verificar las condiciones de detención de personas allí alojadas. Que a una visita a detenidos por parte de representantes del Estado, las autoridades del SPF la hayan considerado como una ‘recorrida’ no parece ilógico”, indicó.
Del encuentro que tuvo lugar el 11 de julio de 2024 participaron seis diputados: Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci.
Se encontraban alojados Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Antonio Pernías, Adolfo Donda y Alberto González.
Mola señaló que “resulta atendible que a los visitantes no se le hayan realizado mayores procedimientos de control. En tal sentido, corresponde poner de resalto que en las incontables ‘recorridas’ que los operadores judiciales que nos desempeñamos en esta jurisdicción hemos realizado en los distintos establecimientos penitenciarios de nuestra competencia no fuimos requisados físicamente ni se nos han quitado teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos”.
“¿Por qué motivo la autoridad penitenciaria debería haber tomado ante legisladores nacionales una actitud distinta a las que habitualmente adopta frente a autoridades judiciales?”, remarcó.
Por su parte, desde la agrupación H.I.J.OS. cuestionaron la decisión.
“Está diciendo que los integrantes del Poder Judicial y del Poder Legislativo tienen coronita para entrar en las cárceles sin que los revisen y se les retengan los celulares”, indicó el abogado Pablo Llonto, abogado querellante en la causa.
Y añadió: “En cambio, al resto del pueblo, sobre todo a la gente pobre, que la revisen. Una joda total. Siempre cuidan sus privilegios. Es el viva la pepa total de funcionarios que ganan fortunas y permiten que no haya controles en las cárceles”.
