El Juzgado Federal 2 de San Martín elevó ayer a juicio la causa por el secuestro y torturas de tres militantes comunistas, en 1981, en la que están imputados siete exagentes de inteligencia, entre ellos, el actual fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, informó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
La jueza Alicia Vence rechazó una serie de nulidades presentada por la defensa, declaró clausurada la instrucción de la causa y elevó a juicio oral y público la causa por crímenes de lesa humanidad.
Entre los siete exagentes imputados en este expediente, se encuentra el actual fiscal general de Mar del Plata, Fernández Garello, quien fue agente de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba), durante la última dictadura cívico militar.
Además del fiscal, serán juzgados otros dos exagentes, Hugo Tresguerras y Daniel Ríos, los miembros de la Brigada de Investigaciones de Caseros Guillermo Orstein, Ricardo Coronel y Hugo Cammarota, y el entonces Jefe del destacamento de inteligencia 201 del Ejército Jorge Apa.
La medida había sido solicitada de manera conjunta por el Ministerio Público Fiscal, la CPM y las secretarías de derechos humanos de Nación y bonaerense en marzo pasado.
Tras la elevación a juicio, solo resta que se sortee el tribunal para la realización del debate, precisó la CPM.
Los exagentes de la Dippba serán juzgados por su participación en el secuestro y torturas de tres militantes comunistas el 23 de julio de 1981.
De acuerdo a las pruebas que existen en el expediente, para la jueza Vence se encuentra acreditada, con el grado de certeza requerido en esta instancia procesal, la responsabilidad de los siete imputados en el secuestro y tortura de los militantes comunistas Jorge Oscar Bulacios, Ernesto Duarte y José Seitor.
Según consta en los documentos del archivo de la Dippba presentados por la CPM, y valorados profundamente en la resolución de la jueza, la planificación del procedimiento se originó a partir de una reunión encarada por el jefe del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo, Jorge Apa, donde se conformó una “comisión conjunta” con personal “idóneo” de la Dippba San Martín, de la Brigada de Investigaciones III de Caseros y personal militar de Campo de Mayo.
Los grupos de tareas conjunta secuestraron a las víctimas en sus domicilios y las trasladaron luego a la Brigada de Investigaciones de Caseros, que funcionaba como centro clandestino de detención.
El actual fiscal general de Mar del Plata fue denunciado en 2016 por la CPM y una decena de organismos de derechos humanos. En ese momento, se presentaron ante la justicia documentos de inteligencia del archivo de la Dippba que demostraban la participación del fiscal en este hecho que llega a juicio y otras acciones de la represión ilegal. Sólo entre 1978 y 1982 participó en al menos 17 actos de inteligencia en el marco de las acciones persecutorias y represivas que fueron constitutivas del terrorismo de Estado.